Un dragado cuesta arriba

Pueden pasar muchas cosas en una década. Por ejemplo, que una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se quede desfasada. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha reconocido esta semana que tiene “dudas” sobre la vigencia de la DIA que el Gobierno concedió en septiembre de 2003 a la Autoridad Portuaria de Sevilla. Este documento es el que mantiene vivo el controvertido proyecto de ampliación del dragado de los últimos 80 kilómetros del río Guadalquivir, que el puerto de Sevilla quiere acometer para que lleguen hasta la capital andaluza buques de mayor calado. “Se ha pedido un informe a los servicios jurídicos del Estado para saber si está vigente”, anunció el lunes el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos.

El anterior Gobierno central introdujo en 2008 y 2010 algunas modificaciones en la normativa que rige la tramitación ambiental. Se fijó que una DIA caducará “si una vez autorizado o aprobado el proyecto no se hubiera comenzado su ejecución” en un plazo de cinco años. No obstante, se abrió la puerta a que, transcurrido ese plazo, el ministerio pueda determinar que una declaración es válida si no se han “producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que han servido de base para realizar la evaluación”.

El caso de la DIA del proyecto del puerto de Sevilla es complicado. La Autoridad Portuaria sostiene que la declaración sigue plenamente vigente. De hecho, aquella DIA de 2003 fue el principal argumento que la Autoridad Portuaria empleó cuando anunció a mediados de abril que comenzaba los trámites para acometer el dragado de profundización. Lo cierto es que en estos diez años sí se han realizado algunas de las actuaciones amparadas por aquella declaración: los dragados de mantenimiento anuales y la construcción de una nueva esclusa. Solo faltaría ampliar el calado del río, el aspecto que más polémica suscita por su afección a Doñana.

Teresa Ribera, secretaria de Estado de Cambio Climático entre 2008 y 2011, dice tener “enormes dudas respecto a la vigencia” de la DIA. Estas dudas no surgen por los plazos legales de caducidad, sino por las incertidumbres sobre el fondo del proyecto.

Tras la aprobación de la declaración en 2003 surgieron bastantes voces que alertaron de la repercusión que la ampliación del dragado podría tener sobre el espacio natural de Doñana, ubicado en el estuario del río. Se encargó un informe a un grupo de investigadores del CSIC, que en 2010 concluyó que esta actuación afectaría “negativamente a la dinámica, morfología y biodiversidad del estuario”. Partiendo de este informe, dirigido por los expertos Miguel Losada y Javier Ruiz, una comisión científica dictaminó que el proyecto debía desestimarse al haberse “demostrado incompatible con la conservación del estuario”. Esta comisión dejó la puerta abierta a que, una vez que mejoren las condiciones del último tramo del río, el puerto de Sevilla pudiera volver a someter el dragado a una nueva evaluación de impacto ambiental.

“Se necesita una nueva DIA”, apunta Miguel Losada. Este investigador de la Universidad de Granada cree que, cuando se aprobó en 2003 la declaración favorable, “el estuario era un completo desconocido”. “La DIA no contemplaba en su conjunto el funcionamiento del estuario”, añade.

Tras hacerse público el dictamen de la comisión científica —de la que la Autoridad Portuaria formaba parte—, el puerto sevillano restó importancia y validez a las recomendaciones. Pero las Administraciones no hicieron lo mismo. El anterior Ministerio de Medio Ambiente envió el 11 de octubre de 2011 un escrito al puerto en el que le advertía que las conclusiones de la comisión científica habían “pasado a ser condición vinculante” de la DIA. En la misma línea se manifestó la Consejería de Medio Ambiente en otra comunicación del 4 de mayo de 2012, en la que además apuntaba a que el Gobierno andaluz puede poner en aprietos este proyecto si emite un informe negativo de afección a la Red Natura 2000, de la que forma parte Doñana.

Tras las elecciones generales de 2011 y autonómicas de 2012, la duda era qué posición mantendrían estas Administraciones. El actual consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, ha asumido ya públicamente aquel escrito de mayo de 2012. Y el actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente también parece que respalda el dictamen de la comisión científica. Así se lo ha transmitido a la Comisión Europea la Secretaría de Estado para la UE, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. “Se deberá cumplir con el condicionado de la DIA en relación con las recomendaciones realizadas por la comisión científica en su informe de noviembre de 2010”, se señala en una comunicación entre Madrid y Bruselas fechada en enero a la que ha tenido acceso este periódico. Este escrito se enmarca en la queja que mantiene abierta desde 2012 la Comisión Europea por la posible afección de los dragados de mantenimiento y el de profundización a Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994. En ese mismo escrito se señala que “la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural (...) considera que será preciso que sea consultada en caso de que se realizara un dragado de profundización para que pudiera decidir la tramitación ambiental requerida a tal efecto”.

Pero no solo desde las instituciones españolas se reconoce como válido el dictamen de la comisión científica. También, desde la Unesco. El Comité del Patrimonio Mundial analizará la situación de Doñana en la reunión que se celebrará entre el 16 y el 27 de junio en Camboya. En esta sesión se abordará una “propuesta de decisión” en la que se insta a España a no permitir “cualquier dragado de profundización en el bajo Guadalquivir”. Además, se reclama que se integren “las conclusiones de la comisión científica como vinculantes” en la DIA del proyecto. La propuesta —elaborada con la colaboración con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza— incluye la obligación de que España presente un informe en febrero de 2014 del cumplimiento de las recomendaciones sobre el dragado, la sobreexplotación del acuífero y los proyectos de hidrocarburos. Con todo, esta texto deberá debatirse en Camboya, donde se fijará la postura final y se decidirá si Doñana entra en la lista de patrimonio mundial amenazado.