El Gobierno reduce un 60% los fondos para la asistencia médica a los presos

El Consejo de Ministros aprobó el viernes un acuerdo del que depende la asistencia médica especializada para los 16.200 presos que cumplen condena en Andalucía. En la propuesta ha reducido en un 60% la cantidad que va a destinar a esta atención este año y en casi un 80% para el que viene.

La última adenda de renovación del convenio, correspondiente a la atención prestada en 2011, cifró la aportación del Estado en 6,1 millones. Para 2012 se reservó una cantidad similar, aunque el Ejecutivo todavía no la ha pagado. Los acuerdos aprobados ayer por el Gobierno reducen esta partida a 2,6 millones de euros este año y a solo 1,3 en 2014.

Las Consejería de Salud no había recibido al cierre de esta edición el acuerdo del Consejo de Ministros, que probablemente generará un nuevo enfrentamiento entre las dos Administraciones. Tras meses de negociaciones, la última propuesta remitida por la Junta a Instituciones Penitenciarias fijaba una reducción del 2% en el presupuesto respecto a los años anteriores. La consejera María Jesús Montero, preguntada por el acuerdo del Consejo de Ministros pero antes de que se conocieran las cantidades que éste fijaba, se mostraba confiada, aunque no convencida, de que el Gobierno habría aceptado su propuesta. “No sabemos la cuantía económica que van a aprobar, pero esperemos que se ajuste a nuestra propuesta”, afirmó Montero.

La sanidad de los presos depende del Ministerio del Interior, que mantiene en las cárceles un servicio de atención primaria, pero con una estructura limitada. De ahí que el Gobierno firmara con la mayoría de las comunidades un convenio para garantizar la atención especializada a los reclusos. El plan funciona desde 1995, pero la Consejería de Salud decidió suspenderlo a principios de este año después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se negara a pagar los servicios prestados en 2012 con un solo pago centralizado y exigiera a la Junta una factura individual y detallada de cada atención recluso por recluso. Esta atención aún no se ha pagado y Salud no sabía este viernes si el acuerdo del Gobierno incluye este abono y si, en ese caso, se han respetado la cifra prevista, alrededor de seis millones de euros, como en 2011.

Lo que sí concreta la referencia del Consejo de Ministros distribuida ayer por el Gobierno central es que la Secretaría General de Instituciones Penitenciaras seguirá abonando una cantidad fija por cada recluso, por lo que renuncia a pedirle a la comunidad autónoma las facturas de cada atención prestada. “Este acuerdo supondrá un ahorro para la Administración Penitenciaria”, admite la citada referencia.