La Fiscalía de Málaga investiga las ayudas públicas concedidas a Isofotón

La Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias penales contra la empresa malagueña Isofotón por una posible malversación de fondos públicos. El ministerio público investiga el uso que la compañía ha dado a las subvenciones y ayudas concedidas por las distintas administraciones en los últimos años. La Central Sindical Independiente de Funcionarios de Málaga (CSIF) denunció hace prácticamente un mes el uso supuestamente indebido de fondos y aportó documentos sobre las cuantías otorgadas, la mayoría de ellos por parte de la Junta de Andalucía por una cuantía de algo más de siete millones de euros en los últimos ejercicios.

La central sindical sospecha que el grupo Affirma —que adquirió la empresa en 2010— podría haber incumplido las condiciones de fomento de la viabilidad de la empresa y prioridad al mantenimiento del empleo que condicionaban las subvenciones. La CSIF considera además que la administración regional debió ejercer un seguimiento, un control continuado y una fiscalización de las ayudas públicas para verificar que se destinaron a los objetivos fijados.

La actuación de la fiscalía se produce en el momento más delicado de Isofotón. La dirección de la empresa rompió este miércoles unilateralmente las negociaciones con el comité de empresa por el expediente de regulación de empleo (ERE) tras anunciar que el próximo martes presentará concurso voluntario de acreedores.

La compañía, en un comunicado, sostiene que continuará desarrollando su actividad con normalidad y haciendo frente a los compromisos contraídos con sus socios y clientes. Además, mantiene “la firme voluntad de cerrar con sus acreedores una propuesta de convenio lo antes posible”.

Según argumenta Isofotón, la presentación del concurso es “consecuencia de la negativa de las entidades financieras a refinanciar la deuda, pese al apoyo de la Junta de Andalucía aceptando renovar los avales necesarios para ello”.

La sociedad alega que la situación ha sido causada por las “deudas” y “contingenicias” sobrevenidas de la gestión anterior, en referencia a la demanda por 37 millones de euros que ha interpuesto una multinacional estadounidense por un aval firmado por los anteriores propietarios.

A esta circunstancia se añade el hecho de que la empresa recibió tres subvenciones solicitadas y percibidas e invertidas durante la gestión de la administración anterior a junio de 2010, cuando Affirma entró en Isofotón, de las que le han sido notificado requerimiento de devolución por la Agencia Tributaria en el último mes.

Los trabajadores conocieron las intenciones de la empresa durante la última reunión que este miércoles ha mantenido la dirección con el comité en el Palacio de Ferias de la capital malagueña una vez concluido el plazo de negociación del ERE. La sociedad ha trasladado su intención inicial de despedir a la mitad de la plantilla, 360 trabajadores, para “garantizar la viabilidad” de la empresa.

El portavoz del comité laboral, Daniel Martínez, anunció que el gabinete jurídico presentará, de manera inmediata, una demanda colectiva en los juzgados contra la dirección de la compañía que además les trasladó que no abonará las indemnizaciones para los despedidos y tampoco la nómina del mes de mayo “porque no tiene dinero”. Martínez insistió en que a los empleados “se nos plantea un futuro muy negro e incierto”.