Afectados por las aportaciones advierten en el Parlamento vasco de una querella

Representantes de la Asociación de personas afectadas por las aportaciones subordinadas de Eroski y Fagor Kaltetuak-Afectados reclamaron ayer al Parlamento vasco que medie en el conflicto para conseguir un acuerdo con las cooperativas, y advirtieron de que si no se consigue, recurrirán a la vía judicial interponiendo una querella criminal.

Los representantes comparecieron durante casi dos horas, ante la Comisión de Salud y Consumo del Parlamento vasco. El presidente de la asociación, Ricardo González de Durana, dijo que la asociación agrupa a más de 1.000 afectados, lo que le hace ser la más numerosa con personas con estas aportaciones, aunque calculan que este “drama humano” afecta a 40.000 familias en todo el Estado. “Seguimos aumentando el número de asociados porque Eroski y Fagor son las únicas empresas con este tipo de productos tóxicos que no quieren arreglar el problema", añadió.

Ante esta situación, solicitaron la mediación del Parlamento vasco para conseguir que afectados y cooperativas se sienten en una mesa de diálogo para conseguir “una formula razonable de solución”. Sin embargo, precisó que evitarán llegar a esta vía judicial y que tiene la “remota esperanza” de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) actúe de oficio en este asunto y “se haga cargo de todo”.

En la posible querella criminal se plantean poner como responsables subsidiarios al pueblo vasco y al pueblo español. “Probablemente nos encontremos con la figura del deudor insolvente, y como lo que queremos es nuestro dinero, haremos lo que esté en nuestras manos para conseguirlo”, advirtieron.

Respecto a la defensa de las cooperativas afirmando que cumplen con la legalidad vigente, José Ramón Zugadi criticó que la Ley de cooperativas del año 2000 “no es justa”, ya que “crea situaciones de dominio” y “no menciona la defensa de los intereses de los ciudadanos, solo defienden los del cooperativismo”.

Por otro lado, rechazaron la mediación que realiza el Instituto vasco de Consumo- Kontsumobide al considerar las declaraciones de su directora, Belén Greaves, “a favor de los autores, le incapacita para ser un órgano mediador”. Según añadió en su comparecencia, la responsable de este instituto “no tiene el perfil necesario para poder estar al frente de este asunto”, reiteró.