Las infladas cuentas de Gürtel en Pozuelo

Hacienda descubre sobrecostes de más de un 30% en las obras municipales Las ofertas más caras recibían puntos adicionales con criterios subjetivos

Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo, en febrero pasado.
Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo, en febrero pasado. Claudio Álvarez

La Audiencia Nacional pidió a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) un informe sobre los expedientes de contratación del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón relacionados con la llamada trama Gürtel. El informe de los peritos del Ministerio de Hacienda, tras examinar 44 contrataciones realizadas por el Consistorio gobernado entre 2003 y 2009 por Jesús Sepúlveda, del Partido Popular y exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato, destapa numerosas irregularidades y sobreprecios en las obras. Algunas de ellas por encima del 30% de los cálculos iniciales. El pasado febrero, cuatro años después de ser imputado por el caso, el PP despidió a Sepúlveda, al que el partido pagó como asesor tras su dimisión como regidor.

Operación Asfalto. El Ayuntamiento decidió en 2004 asfaltar varias calles del municipio. Para ello, convocó un concurso que ganó una UTE formada por Instalaciones y Montajes Eléctricos Velasco y Asfaltos Vicálvaro. El valor de la obra era, inicialmente, de 1,84 millones de euros. Pero, por diversos motivos, que según el informe policial eran completamente irregulares, el asfaltado terminó costando 2,4 millones; es decir, un 30,5% más. ¿Cómo se hizo? Los inspectores de Hacienda lo relatan: se utilizó como criterio de valoración de las ofertas económicas el sistema de “bajas medias”. Esto es, se daba más puntos a las empresas cuyas ofertas se acercasen más a la media de las ofertas más bajas presentadas. Pero este sistema, según el Tribunal de Cuentas, “no resulta adecuado a los intereses públicos, considerando los principios de economía y eficiencia”, porque “produce pocas diferencias [de puntuación] entre las ofertas económicas [más bajas y las altas]”.

Es decir, como todas las ofertas tenían parecidos puntos, se introdujo el llamado criterio de “estudio del tráfico”, “algo que no es cuantificable mediante la aplicación de una fórmula, sino que depende del juicio de quién efectúa la valoración” y, por tanto, es subjetivo. Esto hace, recuerdan los investigadores, que “los licitadores desconozcan los términos a la hora de efectuar su propia propuesta”. Traducido: nadie sabía qué puntuaba más. De hecho, el IGAE concluye “que no está suficiente justificado las diferencias de puntos tan importantes que han condicionado la resolución del concurso en contra de otras propuestas económicamente inferiores”.

Después, cuando la obra ya estaba adjudicada, se aprobó mediante decreto “un proyecto modificado”, lo que “supuso 348.000 euros de incremento”. El Ayuntamiento justificó esta subida “por el IPC, debido a la repercusión en dichas unidades de los precios derivados del petróleo”. Los peritos oficiales recuerdan que en el pliego “no se establecía esta cláusula, por lo que se estaría aprobando y realizando un pago indebido”.

Luego, el Ayuntamiento decidió pagar otros 54.787 euros más por “aumentos de medición en determinadas unidades de obra”. Así, finalmente, la obra salió por 2,407 millones, cuando su precio inicial era de 1,84, un 30,45% de subida. Y, además, se entregó el trabajo tarde. Las obras de asfaltado tenían que haberse acabado en noviembre de 2004 y se entregaron en abril de 2006. Los plazos de ejecución daban puntos y dejaron a algunas ofertas fuera.

Camino de las Huertas. El Ayuntamiento decidió reformar el llamado camino de las Huertas y, mediante decreto, adjudicó en marzo de 2004 el contrato a Constructora Hispanica por 1,9 millones y un plazo de ejecución de cuatro meses. Como en el caso anterior, se favoreció a las ofertas cuya baja se encontraba más cerca de la media de las bajas del resto. Como todos tenían así parecida puntuación, se volvió a dar importancia al “estudio del tráfico”, algo completamente subjetivo. De hecho, según el IGAE, “los puntos se asignan de forma global, sin que se detalle qué aspectos o qué propuestas se han considerado y puntuados”, Nuevamente, cuando se estaba ejecutando el contrato, se hizo un modificado por 360.000 euros, lo que supuso un aumento del 18,7%. Luego, la constructora metió otros 227.000 euros de sobrecoste, aunque el jefe de Asuntos Jurídicos y Contratación del Ayuntamiento informó negativamente.

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Al final, la obra costó 2,503 millones, un incremento de 586.402 euros, lo que representa un 30,58% de subida. Las obras, como en el caso anterior, tenían que haberse acabado el 22 de octubre de 2004 y se finalizaron en abril de 2005.

Viviendas en el Paseo de la Concepción. Desarrollos Inmobiliarios Fuente Marcela fue la elegida para la construcción de 11 viviendas unifamiliares con garaje en el número 4 de la citada vía. La memoria técnica que acompaña al proyecto de ejecución indica que la sociedad “ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para la compra de una finca municipal aneja a la finca registral 1.196 propiedad de dicha sociedad”. De acuerdo con la documentación aportada por el Consistorio, “no consta ningún expediente, ni documentación referida a la venta” de la finca. Es decir, el Ayuntamiento habría vendido un terreno urbanizable, pero no hay ningún documento que lo acredite.

Los peritos muestran en el informe su estupor: “Dada la trascendencia que para el proyecto ha tenido esta operación, tanto desde el punto de vista urbanístico —ya que la superficie del solar ha aumentado 397,29 metros cuadrados— como económico, consideramos que es necesario disponer del expediente completo”. Y quieren saber con exactitud “quién autorizó la compraventa, cómo y quién valoró la finca, los informes emitidos por los diferentes órganos administrativos y los documentos justificativos del gasto”. No lo consiguieron.

Serpentinas azules y facturas despiezadas

De los 40 expedientes tramitados como contratos menores, 38 fueron tramitados por el Ayuntamiento y dos, por el Patronato Deportivo Municipal. El desglose de esos contratos recoge 7 facturas de la empresa Boomerangdrive por 48.757,96 euros; 31, de Down Town / Easy Concept por 190.197,14 euros, y dos, de Pasadena Viajes por 6.998,52 euros. En total, 245.953,52 euros.

Según el informe, en 32 de las 40 facturas los suministros o servicios prestados figuran “sin desglosar ni detallar las unidades ni su coste unitario, figurando exclusivamente el importe, el IVA y el total de la factura”. A su vez, en otras cuatro el concepto figura “de forma genérica”, sin concretar. El estudio critica la falta de detalle, ya que “imposibilita verificar y en consecuencia certificar correctamente que el servicio prestado se corresponde en unidades y precio con lo solicitado por el órgano gestor”.

La Intervención General de la Administración del Estado recoge ejemplos llamativos de la concesión de contratos en Pozuelo, como los 2.788,69 euros que el Patronato Deportivo Municipal abonó a Easy Concept por un campeonato de baloncesto en enero de 2004. La firma se encargó de la “iluminación de la cancha” y de “dos cañones dobles para el disparo de serpentinas azules”. La factura se emitió con 24 meses de retraso, “vulnerando el reglamento” que regula las obligaciones de facturación.

Con motivo del Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos de mayo de 2004, la Concejalía de Comunicación tramitó como contratos menores siete facturas con dos empresas diferentes, pero del mismo grupo. El coste fue de 41.327,34 euros. “Este acto ha sido objeto de fraccionamiento en varios servicios siempre de cuantía inferior a 12.020,24 euros, con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir los requisitos de publicidad o del procedimiento de adjudicación que sería un concurso al superar los 30.050,61”, señala el dictamen.

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