Barcelona se queda sin la CMT

Barcelona perderá la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CMT). El Senado dio el pasado martes la puntilla al organismo y al proceso de descentralización demandado por el ex presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, e iniciado por el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero hace ocho años, que permitió ubicar por primera vez un organismo estatal fuera de Madrid. La desaparición de la CMT es fruto de la creación del nuevo macroregulador ideado por el Ministerio de Economía, aprobado en el Congreso y el Senado gracias a los votos del PP, que fue apoyado también por CiU y el PNV.

“Hemos hecho todo lo posible para salvarlo”, asegura Pere Macias, diputado de CiU. La federación nacionalista ha dado su apoyo a la reforma tras introducir una enmienda que comprometería al Gobierno central a mantener en la capital catalana la dirección de instrucción de los asuntos de supervisión regulatoria en los sectores de las telecomunicaciones y servicios audiovisuales. Macias admite que ese compromiso puede quedarse “en nada o en todo”. Dependerá del decreto que apruebe el Gobierno central para desarrollar el estatuto interno de la nueva Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que aunará, además de la CMT, las comisiones nacionales de Energía (CNE) y Competenia (CMC), además de otros reguladores previstos.

Por contra, el grupo de Entesa pel Progrés intentó introducir una enmienda que permitiera crear dentro del nuevo regulador la Comisión Nacional de Comunicaciones —integrada por la actual CMT, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y la Comisión del Sector Postal—, que tendría su sede en Barcelona. La propuesta fue rechazada por el PP y por CiU.

El expresidente de la Generalitat y senador José Montilla no entiende por qué “CiU no ha dado la batalla” en una iniciativa que devuelve las decisiones regulatorias en materia de telecomunicaciones a Madrid. En su opinión, aunque se acabe manteniendo la dirección, esta será fácilmente “deslocalizable”, ya que “no será necesario ni elaborar una nueva ley”.

Fuentes conocedoras del funcionamiento de la CMT avalan esa versión, básicamente por uno de los argumentos que ha utilizado el Gobierno para llevar a cabo la reforma: la racionalización de recursos y un ahorro estimado de 30 millones de euros. Actualmente trabajan en la sede barcelonesa 140 personas. Las mismas fuentes aseguran que el mantenimiento de la dirección de instrucción podría estar integrada por unas cincuenta persona y cuestionan la posibilidad de que se mantenga la estructura que se encargaba de sistemas, personal y análisis. “Hay nervios en la plantilla”, aseguran.

Pese a estar desde finales de 2005 en Barcelona, la CMT estrenó sede propia en Barcelona en 2010, en el distrito tecnológico 22@. Un edificio de 12.000 metros cuadrados que costó 62,5 millones de euros y que ahora tiene tres plantas desocupadas. El Ministerio de Economía no respondió a este diario sobre los efectos que tendrá la ley.

“Cuando hay cosas que no les agradan se dedican a hacer contrareformas”, opina la senadora de ERC Esther Capella. Su denuncia coincide con la de Jordi Guillot (ICV): dice que tras la decisión hay una “recentralización y regubernamentalización”, los organismos independientes pierden competencias que vuelven a asumir los ministerios.

La marcha de la CMT coincidirá en el año en que Barcelona se estrena como capital mundial de la telefonía móvil, cartel que tiene asegurado hasta 2018 y que ganó con la sede de la CMT como una de las bazas para convencer a los organizadores. Las fuentes consultadas admiten que la llegada de la CMT no sirvió para que en Barcelona se ubicasen las grandes operadoras de telecomunicaciones, como se pretendían. “Si hubiera habido más sensibilidad otras compañías hubieran venido aquí”, señala el director general de Telecomunicaciones de la Generalitat, Carles Flamerich, quien sostiene como un mal menor que Barcelona se haya asegurado una dirección general y acusa a Madrid de “voracidad centralista”. Sí que tuvo efectos sobre los despachos jurídicos, que en los últimos años han desarrollado en Barcelona sus áreas especializadas en telecomunicaciones. ¿Y el futuro? “La CMT tenía más importancia política que empresarial”, señala Ramon Salabert, presidente de la asociación empresarial 22@Network. “No le doy ninguna trascendencia”, señala.