Quinto concejal imputado en el gobierno municipal de Santiago

A Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta y secretario general del PP gallego, no le quedó más remedio que admitir, a primera hora de la mañana de ayer, su “preocupación” por el rosario de imputaciones judiciales que atribula al gobierno municipal de Santiago. Los periodistas le habían preguntado por el último episodio hasta entonces, la citación a declarar como imputado del concejal de Obras, Juan de la Fuente, dictada el pasado miércoles por el juez de Santiago José Antonio Vázquez Taín. Contra De la Fuente se había querellado la fiscalía después de que una investigación interna del Ayuntamiento le situase como sospechoso de falsificar unas facturas para conceder una subvención a una asociación vecinal.

 No habían pasado más de dos horas desde que Rueda confesase su preocupación cuando el último episodio judicial en Santiago pasó a ser el penúltimo. La juez de Lugo Pilar de Lara, que el pasado septiembre lanzó la Operación Pokémon, citó a declarar para el próximo 17 de junio como imputado en ese caso al concejal de Deportes compostelano, Adrián Varela. Los cargos contra Varela son tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental. Agentes de Aduanas, por orden de la juez, volvieron a registrar ayer el Ayuntamiento —una imagen ya casi cotidiana— de donde se llevaron los contratos del departamento de Deportes con la compañía Sermasa. Esta firma está integrada en el grupo Vendex, al que De Lara acusa de repartir sobornos a cambio de adjudicaciones entre diversos cargos municipales de Galicia.

Es casi imposible encontrar en la historia reciente un gobierno municipal que en tan poco tiempo haya acumulado tal cantidad de procesos judiciales en su contra. Dos años después de que el PP conquistara por vez primera en las urnas la alcaldía de la capital de Galicia, tiene imputados en el caso Pokémon al alcalde, Ángel Currás y a otros dos concejales. Por este mismo asunto ya dimitió el que era responsable de seguridad, Albino Vázquez Aldrey, detenido por la juez y puesto en libertad bajo fianza de 15.000 euros.

Currás sustituyó hace un año en la alcaldía a Gerardo Conde Roa, también forzado a dimitir tras querellarse contra él la fiscalía por un fraude fiscal de 291.000 euros. El propio Conde Roa está imputado en el caso Pokémon, al igual que su exjefe de gabinete, Ángel Espadas, que estuvo en prisión preventiva. Y alcalde y exalcalde comparten además imputación en otro caso, después de que un agente de la policía local les acusase de perseguirle para que retirara una denuncia contra el citado Espadas.

El PP se muestra en públlico compungido por el cúmulo de sobresaltos que asaltan cada poco el Ayuntamiento desde hace un año. Pero, de momento, repite las rituales apelaciones a la presunción de inocencia y afirma que aún no ha llegado la hora de tomar medidas drásticas. La oposición afirma que la cadena de imputaciones mantiene paralizado el Ayuntamiento y que la situación se ha vuelto insostenible. El PSdeG pide a Currás que dimita. El BNG, la tercera fuerza municipal, va más lejos y exige elecciones inmediatas.