Fabra inicia la cuenta atrás para expulsar a Blasco del Grupo Popular

“No me va a temblar el pulso”, aseguró este jueves Alberto Fabra en la sesión de control al presidente en las Cortes Valencianas sobre la continuidad o no de Rafael Blasco en su escaño del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, tras su procesamiento por el fraude de la concesión en 2008, cuando era consejero de Solidaridad y Ciudadanía, de dos ayudas de cooperación en Nicaragua que la fundación receptora acabó gastando en su mayor parte en la compra de varios pisos en Valencia.

Fabra admitió que en su equipo había existido un debate sobre si contestar o no a la pregunta sobre Blasco del portavoz de Compromís, Enric Morera. Una parte de la dirección popular consideraba que Fabra no debía responder, al entender que, en realidad, era una pregunta para el presidente del Grupo Popular en las Cortes Valencianas y no para el presidente de la Generalitat. “Algunos creen que no debería contestar, pero comparto su preocupación”, admitió ante un Morera sorprendido —como el resto de la Cámara— al ver como Rafael Blasco aplaudía la intervención de Fabra sin rubor alguno.

El jefe del Consell anunció que esperará a conocer “lo que dice la Abogacía de la Generalitat en su informe de conclusiones y lo que dice también la juez en sus conclusiones y el señalamiento de juicio oral, si lo hubiera”, para actuar con “la máxima contundencia”. El presidente respondió así a los reproches de la oposición por no haber hecho que Blasco abandone el cargo. El portavoz parlamentario del PSPV-PSOE, Antonio Torres, que interpeló al jefe del Consell sobre la pobreza, aludió a Blasco y dijo que sobra en el Parlamento, y la diputada socialista Clara Tirado acusó al PP de tener miedo a quien ha sido varias veces consejero y portavoz parlamentario, e inquirió: “¿A qué no lo van a expulsar de su grupo?”.

El portavoz de Compromís, Enric Morera, centró su pregunta en la acusación que pesa sobre Blasco, se preguntó “¿qué tiene que ocurrir para que alguien dimita?” y recordó que los estatutos del PP prevén que un diputado procesado ponga su cargo a disposición del partido. Morera extendió la situación a Milagrosa Martínez y Angélica Such, exconsejeras de Turismo que están también procesadas en otra causa por contratar a la trama Gürtel. Las diputadas de Compromís Mireia Mollà y Mònica Oltra hurgaron en la herida. Mollà indicó que la abogada de la Generalitat en el caso cooperación “tiene una semana para pedir penas de prisión” y preguntó a Fabra si hará que Blasco “se vaya por la puerta de las Cortes Valencianas o pase al grupo de no adscritos”. Oltra dijo que lo que Blasco pueda tener en los cajones “hace temblar a Fabra”.

El vicepresidente José Ciscar abundó en que hay que “respetar los tiempos de la justicia” pero insistió en que la reacción será “contundente”. Con ello, enfatizó que la intención de Fabra es apartar a Blasco de su escaño, una actitud que supone un paso adelante en la respuesta que hasta ahora ha dado Fabra a los casos de corrupción que afectan ahora mismo a nueve de los 55 diputados del PP en la Cámara. Un paso que, sin embargo, queda restringido a la situación del exconsejero y exportavoz al tomar como referencia la acusación que haga la abogada de la Generalitat y no las condenas que, en una situación procesal equivalente, ha pedido la fiscalía a Milagrosa Martínez y Angélica Such, que afrontan peticiones de 11 años de prisión y 10 de inhabilitación, respectivamente.

El presidente evita usar las peticiones de los fiscales como referencia

Diputados de la oposición recelaban ayer de que el Consell pueda dar instrucciones a la abogada para que no solicite condena a Blasco, mientras es seguro que sí que lo hará el fiscal. Sin embargo, tendría poco sentido que Fabra diera el paso adelante de anunciar contundencia para forzar después una salida en falso. Dado el número y la envergadura de los escándalos de corrupción que jalonan el calendario de lo que queda de legislatura, Fabra parece haber optado por una voladura controlada en la que busca diferenciar las respuestas. Ahí estaría la clave de por qué la Generalitat ha decidido no ejercer la acusación penal en el caso Nóos, que podría acabar salpicando al expresidente Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Blasco asistió a la sesión con gesto hierático e incluso aplaudió, aunque sin entusiasmo, la intervención de Fabra, que a diferencia de otras veces no echó mano de la presunción de inocencia. Si el presidente le acaba pidiendo que deje el cargo, tendrá la posibilidad de marcharse, con lo que su procesamiento saldría del TSJ para volver a un juzgado ordinario, o pasar al grupo de no adscritos de las Cortes.