Guerra abierta entre el Ayuntamiento y la Delegación por el ‘caso Madrid Arena’

Al margen de la responsabilidad de Miguel Ángel Flores, promotor de la fiesta en el Madrid Arena que acabó con la muerte de cinco jóvenes, el caso parece dar vueltas sobre la misma cuestión: si la culpa es del Ayuntamiento o si esta debe ser compartida con la Delegación del Gobierno.

En el goteo de declaraciones que se sucede en los juzgados de la plaza de Castilla, ayer fue el turno de la exdelegada de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid Fátima Núñez. Su declaración desató un nuevo enfrentamiento entre los organismos que dirigen la alcaldesa, Ana Botella, y la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, que se cruzaron durante la noche de ayer notas oficiales.

Núñez volvió, supuestamente, sobre la idea de que a la Policía Nacional le correspondía controlar las alteraciones del orden público, tanto en el interior como en el exterior de la fiesta. Eso es, al menos, lo que dijeron los abogados de las acusaciones particulares a la salida de los juzgados. Pero el Ayuntamiento, horas después, emitió una nota afirmando que lo que decían los letrados de la acusación era falso: Núñez jamás había dicho nada parecido.

La polémica entre el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno por el asunto de las competencias durante la fiesta ya ha sido abordada en otras ocasiones. El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, descartó en abril que la Delegación tuviera alguna responsabilidad en la tragedia. Aun así, Moix señaló entonces que la opinión de la fiscalía puede cambiar en función de cómo evolucione la instrucción. Según opina, la Delegación del Gobierno solo se dedica a inspeccionar cuestiones técnicas y estas, supuestamente, no influyeron en la muerte de las cinco jóvenes.

De hecho, la Delegación del Gobierno, tras conocer las supuestas palabras de Núñez, emitió un comunicado donde mostraba su sorpresa por "su absoluto desconocimiento de las competencias que la legislación atribuye a la Policía Nacional, a la Policía Municipal, y a las instituciones de las que depende cada uno de estos cuerpos de seguridad". La Delegación insistió en que corresponde a los Ayuntamientos la inspección que garantice el cumplimiento de las normas que rigen la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas (Ley de la Asamblea de Madrid 17/1997, de 4 de julio).

Ante las declaraciones de Núñez, tres de las acusaciones particulares decidieron abandonar la sala en protesta por "el mitin político y la falta de coherencia" de la exdelegada de Seguridad. Según dijeron a la salida del juzgado los letrados Abdón Núñez y María José Siñeriz, Núñez tan solo asumió su facultad de ser "el órgano político de la seguridad y las emergencias". Abdón Núñez, que representa a la familia de una de las jóvenes fallecidas, Belén Langdon, criticó el comportamiento de la edil y aseguró que es "una falta de respeto a las víctimas y a lo que pasó".

Reabierta la guerra entre todas las partes, por la noche llegó un nuevo comunicado, el del abogado del Ayuntamiento. En el texto, el letrado aseguró que las aseveraciones de los letrados de las víctimas eran falsas y que Núñez en ningún momento había declarado que la Policía Nacional tuviera la responsabilidad. El abogado señaló que, dado que sus colegas se habían marchado antes de que terminase la declaración de Núñez, estos dieron una información tergiversada.

La exdelegada de Seguridad fue apartada del cargo el 9 de enero, en la remodelación del equipo municipal ocasionada por la dimisión del vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva. En cualquier caso, Núñez sigue en el Gobierno local. Fue nombrada concejal presidenta del distrito de Carabanchel casi un mes antes de ser imputada.