114 familias reclaman al Gobierno ferrolano su piso social en Recimil

Paloma Jiménez esperó durante tres años las llaves de su piso social en Recimil. Tenía el número dos en un listado de 116 familias que aspiran a vivir de alquiler por menos de 100 euros mensuales en alguno de los 992 inmuebles que el Ayuntamiento tiene en esta barriada de Casas Baratas a la entrada de la ciudad.

A Paloma, con un marido en paro y cuatro hijos de 2 a 9 años, le adjudicaron un tercero de tres habitaciones en la calle Pontedeume hace unas semanas. Cuando abrió la puerta, dice, se llevó una sorpresa que no esperaba y que una mano de pintura no ha podido disimular: humedades, desconchones y una tubería rota. A todo esto, explica, hay que sumar que el piso no tenía calentador ni cocina. “Somos 6 a vivir y con un niño malito de asma. Con el agua por el suelo no se puede”, razona. Hoy presentó un escrito en el registro municipal para exigir que se reparen las deficiencias del piso al que acaba de llegar. “La tubería por lo menos”, se conforma. Jiménez se sumó hoy a la protesta que medio centenar de personas en lista de espera para los pisos de Recimil, realizaron este mediodía en las escaleras del Ayuntamiento de Ferrol con el apoyo de activistas antidesahucios, BNG e IU.

En diciembre del 2010, 116 familias iniciaron los trámites para optar a uno de los pisos sociales de las Casas Baratas. Sólo dos, las de Silvia Conchado y Paloma Jiménez, tienen las llaves. Otras 114 siguen a la espera y 151 quedaron fuera de un listado con 267 solicitudes. Desde la Rede de Apoio Mutuo de Ferrolterra, Fernando Lestón, opina que “con poco dinero se podrían hacer habitables muchas viviendas”, aunque no sabe precisar cuantas.

El censo real y legal de Recimil sigue siendo una incógnita que ninguna corporación ha logrado despejar en las últimas dos décadas y que complica la gestión de este parque municipal con 879 pisos y 113 bajos comerciales. El gobierno de José Manuel Rey Varela, del PP, se comprometió a entregar 30 pisos en fechas próximas que no concretó, lo que dejaría sin casa a otras 86 familias del listado. La Rede exige que todas las personas tengan piso antes del inicio del próximo curso escolar en septiembre. “Es una necesidad social acuciante”, defiende Lestón. Cree que el problema depende la voluntad política de una Administración local que da la espalda al drama cotidiano de muchos vecinos que esperan por el piso que se les ha adjudicado pero que nunca llega. “O los entregan con deficiencias”, remarca.

Los afectados, que hoy realizaron una asamblea callejera para organizarse, están decididos a protestar el tiempo y las veces que sean necesarias para lograr sus objetivos: “alquileres sociales ya” (de 30 a 100 euros) para familias vulnerables y con pocos recursos. “Sólo a base de presión lograremos que se mueva algo y que esto no se olvide”, manifestó Lestón. Mientras, los vecinos de Recimil denuncian que siguen las ocupaciones ilegales de familias que rompen las puertas de pisos que saben vacíos para tener un techo sobre la cabeza. “Se genera un conflicto social: gente necesitada contra gente necesitada y el responsable es el alcalde”, concluye otro miembro de la Rede. La siguiente protesta será en el pleno del jueves 30.