El PP provincial aparta de sus puestos orgánicos a Blasco y al edil de Chiva

El exconsejero y diputado autonómico Rafael Blasco, procesado por el desvío de fondos públicos de la Generalitat destinados a cooperación, y el alcalde de Chiva, José Manuel Haro, renunciaron ayer sus cargos orgánicos en el PP. Y se quedaron con los puestos públicos con sueldo.

El comité de dirección del Partido Popular de la provincia de Valencia, que preside Alfonso Rus, aceptó la renuncia de Blasco como vocal de libre designación en la ejecutiva provincial y de José Manuel Haro, como secretario provincial de Vertebración territorial y presidente del PP de Chiva, cargo en el que fue reelegido el pasado 5 de abril.

“Cuando alguien tiene la categoría de poner su cargo a disposición del partido hay que valorarlo”, señaló Rus, que subrayó la decisión de ambos “para no dañar la imagen del partido”.

La renuncia no se extiende a los cargos públicos. Blasco es diputado autonómico y recientemente aceptó asumir la portavocía en una de las comisiones. Haro es alcalde de Chiva y diputado provincial responsable del área de Modernización.

Rafael Blasco ya está procesado en la causa por el desvío de subvenciones millonarias a concedidas a la Fundación Cyes, destinadas a un proyecto en Nicaragua, que acabaron en la compra de pisos en Valencia. Y, además, sigue imputado en otras dos causas que se instruyen dentro de la misma investigación.

José Manuel Haro tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados tras la decisión del juzgado de número 1 de Requena de abrir juicio oral por los supuestos delitos de prevaricación y falsificación en documento oficial por convocar un pleno urgente y destituir a un concejal de su equipo de Gobierno que se hallaba de viaje oficial en Burgos.

El portavoz socialista en la Diputación, José Manuel Orengo, pidió este martes que se aparte a Haro de sus responsabilidades en el equipo de gobierno que preside Alfonso Rus.

La decisión de apartar a Blasco y Haro de la ejecutiva provincial del PP es la continuación del criterio aplicado al alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, imputado en el caso Gürtel por el Tribunal Superior de Justicia. Bataller ha renunciado a ejercer su función como presidente local del PP de Castellón, pero se ha mantenido en su puesto al frente del equipo de gobierno municipal.