La oposición ve incompatible los cargos públicos y privados que acumula Pomés

La oposición en bloque exigió ayer explicaciones al Gobierno catalán por el comportamiento de Xavier Pomés, presidente de dos de los mayores hospitales públicos de Cataluña —el Sant Pau y el Clínic—, que ejerce esos cargos al tiempo que ocupa una silla en el Consejo de Administración de dos empresas privadas con intereses en el sector sanitario, como explicó EL PAÍS el lunes. ICV-EUiA y Ciutadans exigieron la destitución del alto cargo por el “conflicto de intereses” en el que está inmerso Pomés, ya que “no puede tener un pie en los negocios” y otro en las principales instituciones sanitarias públicas de Cataluña. El PSC pidió a Pomés que “decida” entre ambas orillas.

Los portavoces de ICV-EUiA, la CUP y Ciutadans coincidieron en que la posición de Pomés en el sector público y privado es “incompatible” y “éticamente reprobable”. “Estamos ante un problema ético”, denunció Josep Vendrell, de Iniciativa, quien recordó que la “puerta giratoria” (entre lo público y lo privado) es una realidad recurrente en el sistema sanitario catalán. “No es legítimo”, abundó el portavoz de la CUP, Quim Arrufat. Todas las formaciones exigieron que el Gobierno aclare el caso porque “los legítimos intereses privados no se pueden mezclar con los sagrados intereses públicos”, en palabras de Maurici Lucena, del PSC.

Pomés fue elegido por el consejero de Salud, Boi Ruiz, para presidir el hospital Clínic en 2011. Un año después, el Gobierno le volvió a mostrar su confianza y le encomendó la dirección del Sant Pau. En este periodo, el gestor y hombre de CIU —fue consejero de Sanidad e Interior con Jordi Pujol— ha mantenido su actividad privada como miembro del Consejo de Administración del Grupo MGO y de E-Center, propietario de Ambulancias Reus, concesionaria del SEM, dependiente de Salud.

El caso de Pomés suscita una pregunta, a juicio de Vendrell: ”¿Qué intereses defiende? ¿Al servicio de quién está?”. Varias ideas se repitieron en la comparecencia de los portavoces de los grupos. La primera, que su situación recuerda a la de Josep Prat, expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) obligado a dimitir tras conocerse que era también presidente de uno de los grupos privados hospitalarios más importante de España (USP Hospitales) y del holding Innova, en Reus. Los portavoces parlamentarios insistieron en que “no es el primer caso, ni será el último” de lo que se ha convertido en una “tradición en CiU de mezclar de forma incestuosa los intereses públicos y los privados”, precisó Lucena.

El Gobierno catalán defendió ayer a Pomés, aunque se mostró abierto a revisar el sistema de incompatibilidades. “Los límites se han respetado, otra cosa es que [...] se puedan revisar”, declaró el portavoz, Francesc Homs.

La oposición insistió en que lo relevante del caso no es que Pomés realice sus funciones públicas sin cobrar (se embolsa al menos 200.000 euros de las compañías privadas) sino su poder de influencia sobre las políticas del Departamento de Salud cuando la sanidad se enfrenta a importantes retos.

Los partidos recordaron que Pomés, ahora cuestionado, acumula enormes responsabilidades por sus cargos en el Clínic y en el Sant Pau. Por un lado, es el abanderado del proceso de privatización de la gestión del Clínic; por el otro, pilota la grave crisis que atraviesa el Sant Pau. “Es necesario que Boi Ruiz dé la cara y que la comisión de investigación de Sanidad sirva para aclarar esta cuestión”, lanzó Enric Millo, del PP. Marta Rovira, portavoz de ERC, pidió “transparencia”.

El Gobierno aprobó ayer la creación de un Pacto Nacional de la Salud para “promover un amplio consenso político y social por un sistema sanitario público y universal”.