Un proyecto que perdió la llave

Era un proyecto de “llave en mano”. Así lo describió a principios de 2005 el entonces consejero de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, que lo presentó como un modelo que iniciaría “la gestión privada en centros administrativos”. Una empresa privada se encargaría de la construcción del complejo y de su mantenimiento. A cambio, la Generalitat pagaría una cánon anual durante 30 o 35 años, periodo tras el cual los edificios pasarían a manos del Consell.

El actual complejo administrativo 9 d’Octubre, en Valencia, al que este año se están trasladando por fases cerca de 4.500 empleados públicos, fue presentado en su día como una iniciativa pionera. pero por el camino debió de perder la llave, ya que ha acumulado un coste de 107,9 millones y por su mantenimiento habrá que pagar 725.000 euros anuales. Así lo indica el actual consejero de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, en respuesta a las preguntas formuladas por el diputado socialista en las Cortes Valencianas Rafael Rubio.

Construido sobre lo que fue la Cárcel Modelo de Valencia, el complejo, a decir de Gerardo Camps, sería gestionado por una empresa que, no solo se encargaría de mantener los edificios, sino de los medios materiales y todo el equipamiento necesario para su funcionamiento. Explicaba muy gráficamente el consejero que la Generalitat solo tendría que “poner los funcionarios” en lo que calificaba como “una gran ciudad administrativa”. Añadía Camps que el sistema permitiría al Consell hipotecarse sin que la deuda se computara en las cuentas.

“El procedimiento de financiación de las obras ha sido con cargo al presupuesto de gastos de la Generalitat de los ejercicios presupuestarios de 2008 a 2013”, reconoce lacónicamente Moragues en su respuesta al diputado socialista, con lo que constata que la construcción se ha llevado a cabo por un método menos innovador y bastante más prosaico. El consejero detalla las certificaciones abonadas, explica el calendario de recepción de las obras, que culminará el 30 de junio, y añade que “la conservación y mantenimiento integral de la Ciudad Administrativa 9 d'Octubre será realizado, durante un periodo de 72 meses, con un coste anual de 725.068 euros”. El cuadro que aporta el consejero suma hasta 2019 un total de 4,3 millones de euros, que habrá que actualizar según el aumento del índice de precios al consumo que se produzca anualmente.

“El gran modelo público-privado ha quedado en nada”, dice Rafael Rubio

“El gran proyecto de colaboración público-privada ha quedado en nada”, señala Rubio. “Gerardo Camps lo vendió como una obra emblemática que no supondría coste para la Administración, pero se licitó en enero de 2008 por el método clásico y se está terminando ahora, cuando se había previsto que estuviera acabado en 2009”.

El diputado socialista recuerda que “se dijo que la empresa adjudicataria se encargaría de un mantenimiento integral que incluiría hasta los folios. Ahora, el mantenimiento es también el convencional y no incluye, por ejemplo, el sistema informático”. Rubio ha detectado que, en la ejecución de las obras se llevaron a cabo dos modificados, uno en noviembre 2010 y otro en octubre de 2011, que han supuesto un aumento del 19,8% del precio por el que se adjudicó el proyecto.

“A los vecinos también les han tomado el pelo”, añade el parlamentario, “porque les habían prometido una serie de instalaciones para suplir el deficit de servicios públicos del barrio y no las han hecho”. La concentración de departamentos de la Generalitat en el complejo tiene como objetivo abandonar edificios alquilados y vender inmuebles de la Generalitat para obtener fondos. Rubio se pregunta “cuál será en realidad el ahorro” que se consiga. Y se declara escéptico si hay que atenerse a la diferencia entre lo que el Consell anunció sobre el proyecto y lo que ha acabado haciendo.