La Generalitat solo indemnizará a Balañá por la prohibición de los toros

24 de las 29 solicitudes no tienen derecho a compensación, según la Generalitat

Dos turistas en la plaza de toros Monumental el pasado sábado.
Dos turistas en la plaza de toros Monumental el pasado sábado.MASSIMILIANO MINOCRI

Una docena de toreros, tres ganaderas de toros de lidia, un criadero de caballos, el equipo médico, una empresa de publicidad, otra de seguros… La Generalitat ha desestimado hasta ahora 24 de las 29 solicitudes de indemnización por la prohibición de poder celebrar corridas de toros en Cataluña. El Ejecutivo catalán considera que todas esas entidades no tienen derecho a percibir compensación alguna porque pueden seguir trabajando en el resto de España.

De las cinco propuestas que quedan por dirimir, sólo dos tienen posibilidades en este momento, según fuentes de la Generalitat, que tramita los expedientes, de recibir compensación: el dueño de la plaza, el empresario Pedro Balañá, y el explotador del espectáculo. La Generalitat entiende que éstos sí han sufrido pérdidas cuantificables. Los defensores de las corridas sorprendentemente casi aplauden que no haya indemnizaciones: están convencidos que como muy tarde en junio el Tribunal Constitucional fallará a favor del recurso del Partido Popular (PP) que permitiría de nuevo que el espectáculo se celebre en Cataluña.

Luis María Gisbert, presidente de la Mesa del Toro afirma que, “con suerte”, puede haber otra vez toros para la Mercè y lo da por hecho para 2014 cuando empiece la próxima temporada. Y por ello ve natural que la Generalitat no compense a los afectados. “No hay dinero para pagar la línea 9 y se deben millones a las farmacias. ¿De dónde lo va a sacar?”, se pregunta. Pero Gisbert también interpreta que el Ejecutivo no indemniza porque “sabe” que dentro de poco se producirán dos hechos que derogarán la abolición aprobada por el Parlament en julio de 2010. Su previsión es que coincidirán en el tiempo el fallo del Alto Tribunal y que se aprobará en la comisión del Congreso que el Gobierno declare los toros Bien de Interés Cultural (BIC) y los blinde en toda España tras la ILP que recogió 500.000 firmas en favor de la tauromaquia.

En el recurso presentado ante el Alto Tribunal por el PP, se alega entre otras cosas que la prohibición del espectáculo, vulnera el artículo 38 de la Constitución que reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y consagra que los poderes públicos garantizarán su protección en defensa de la productividad. Su aspiración es que el Constitucional declare que la Generalitat, pese a tener las competencias en espectáculos, no tiene capacidad para prohibir los toros. La plataforma Prou! —impulsora de la ILP por la abolición— está atenta ante el posible desenlace. Se acaba de reactivar para denunciar las corridas sin sangre para turistas rusos que se realizan en Alfara de Carles.

La Generalitat, en cualquier caso, sostiene que no actúa a priori de nada: alega que muchas empresas que piden indemnización no son catalanas y por tanto su capacidad de negocio sigue intacta. La Generalitat no aporta cifras de la cuantía solicitada pero Vicente Royuela, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, de la Plataforma de Promoción y Difusión de la Fiesta (PPDF), calcula que debían ascender a 300 millones de euros. Gispert no alberga dudas de que Balañá recuperara el espectáculo si la sentencia es favorable y califica de “sandez” que los toros fueran un negocio que languidecía en Cataluña. “¿Puede decirme algún espectáculo en Barcelona que reúna cada domingo a 6.000 aficionados a 40 euros la entrada?”, pregunta convencido este hombre que llevaba 40 años como abonado.

La Monumental, mientras, permanece abierta como reclamo turístico y bien mantenida. Al precio de seis euros, se puede visitar el Museo del Toro y pisar el coso. Hace una semana, deambulaban por ella una docena de turistas curiosos. Algunos haciéndose la típica foto imitando a los toreros —el caso de Jennifer Celis, una chilena residente en Suecia que entró sin saber de qué se trataba y que se mostraba tan fascinada por el recinto como horrorizada por lo que se hacia allí— como una familia de Arles, que lamentaba la prohibición.

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La plaza está catalogada desde 1987 en el patrimonio arquitectónico-histórico-artístico de Barcelona que merece un grado de protección B (básicamente la conservación y restauración y conservar el espacio libre de la arena). El Ayuntamiento no tiene de momento ningún plan para el coso al tratarse de un equipamiento privado. La calificación del recinto es equipamiento 7 y permite un amplio abanico de usos desde culturales, lúdicos y deportivos. Hace unos años, el republicano Jordi Portabella promovió el cambio de usos y la recalificación de los terrenos pero no prosperó.

Las especulaciones sobre el destino de la plaza han sido tan variopintas que incluso corrió el rumor de que se podría instalar en ella una mezquita. Ni siquiera se instala el circo desde que se prohibió que los elefantes, leones y tigres participaran en esos espectáculos.

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