Ferrol: pisos vacíos y vecinos sin casa

“Pensaba que nunca en mi vida iba a tener una casa”. Silvia Conchado tiene 23 años, un marido que le saca un puñado de euros a la chatarra y en las mareas y tres niños de nueve, ocho y tres años. Desde que se casó ha vivido apretada en el piso de sus suegros con su prole y dos cuñados. Sin trabajo ni más ingresos que la Risga (Renta de Integración Social), en 2010 solicitó una vivienda pública en el barrio ferrolano de Recimil. Dos años y cuatro meses después, los Servicios Sociales le acaban de entregar las llaves de uno de los 992 inmuebles que el Ayuntamiento de Ferrol tiene en este barrio (879 viviendas y 113 bajos comerciales).

Hace dos semanas que la familia Suárez Conchado entra y sale a menudo de un tercer piso de tres habitaciones adjudicado por 30 euros al mes que les encanta pero en el que aún no pueden vivir. “No tengo muebles ni calentador para bañar a los niños”, explica. Ella estaba en el número uno de un listado de 116 familias que tienen adjudicado un pisos social en las llamadas Casas Baratas de Recimil. Del 1 al 30 de diciembre del 2010, 267 vecinos rellenaron una solicitud que les exigía, entre otras cosas, llevar tres años censados en Ferrol. 151 quedaron excluidos. Desde entonces, se adjudicaron dos viviendas y los otros 114 beneficiarios esperan impacientes su turno. Algunos, como Pilar o Laura, en situaciones que rozan el drama. Son la cruz que ilustra la paradoja de que existan pisos públicos vacíos y gente sin casa ni recursos.

Pilar González es octogenaria y analfabeta. Con 85 cumplidos, cobra una pensión no contributiva de 300 euros y paga 220 de alquiler. Come en la Cocina Económica y ocupa el número 37 de la lista. Laura García, chilena de 59 años, llegó a la casa de acogida de Ferrol hace años con su bebé de 10 meses huyendo de un matrimonio que le dejó profundas secuelas psicológicas. “Hasta el perro tenía más voz que yo”, relata. Su padre, Antonio, fue uno de los republicanos gallegos que acabó hacinado en un campo de concentración francés del que salió rumbo a Chile a bordo del Winnipeg, en una travesía que promovió el poeta Pablo Neruda en 1939.

“Trabajé como una burra limpiando casas pero no he cotizado nada”. Hace 16 años que vive en una casa llena de humedades en Ferrol Vello por la que paga 186 euros. Con los 315 euros de la ayuda social paga el alquiler y mantiene a un hijo de 21 que estudia Ingeniería en la Universidad. “No conozco un cine ni malgasto un céntimo”, explica esta mujer, que tiene que sobreponerse a diario a una depresión crónica. Ocupa el número 65 de una lista con muchas familias monoparentales como la suya y le quedan pocas esperanzas de poder mudarse en breve. “Si la gente necesita las casas, ¿por qué no las dan?”.

Estefanía es el número 23. Con dos hijos de cuatro y ocho años y un marido en paro, paga “un pastizal” de alquiler (330 euros). Está “harta” de que la mareen y todo le suena a “tomadura de pelo”. Muchos trámites y dos años de espera para nada. “Haces lo correcto, sigues los pasos y va otro y da una patada en la puerta y se queda con el piso. Lo entiendo, porque hay que buscar un techo para los hijos, pero no es justo”, razona.

El gobierno ferrolano dice que entregará unas 30 viviendas en los próximos meses. Lo hará a cuentagotas y sin fechas concretas. Los activistas de Stop Desahucios han hecho sus cálculos y defienden que hay por lo menos unas 60 viviendas libres. “¿Para qué adjudican 116 si sólo van a dar 30?”, protesta una afectada.

La penúltima oferta municipal de viviendas en Recimil fue en 1993 y se regía por un reglamento de los años 50. El Ayuntamiento tardó otros 17 años en reabrir la convocatoria. Casi todos los gobiernos han tratado de poner orden en el padrón de Recimil y frenar a los okupas incluso tapiando con ladrillos las puertas y ventanas de picos vacantes.

En 2008, el PSdeG empezó un censo que el Ejecutivo actual, del PP, ha retomado. En marzo, enviaron a una veintena de agentes voluntarios de la Policía Local a hacer horas extra de puerta en puerta por todo el barrio en el enésimo intento de saber quién y cuántos ocupan cada vivienda, legal o irregularmente. El titular del contrato no siempre coincide con el residente en una maraña tramposa tejida entre familiares y amigos para beneficiarse de alquileres de renta antigua a precios casi testimoniales que van de 3 a 30 euros, cuentan los vecinos.

“Sabemos de gente que vive en chalés pero aguantan las casas por si algún día les hacen falta. Hay mucho trapicheo con esos pisos, y consentido”, denuncia otra.

La irrupción de la Rede de Apoio Mutuo de Ferrolterra, que agrupa a los antidesahucios y a la comisión que reivindica el derecho a una vivienda digna, ha elevado la presión sobre el gobierno para que responda con hechos a las 114 familias que aún aguardan por la vivienda que se les adjudicó. Ya han interrumpido los dos últimos plenos. El 12 de abril se plantaron en el registro para presentar 34 quejas y dicen que seguirán peleando por sus casas. La semana pasada el alcalde recibió en su despacho a una comisión de activistas y afectados. “Muy cordial pero sin contenido. Mantienen que darán 30 casas pero nos faltan otras 86”, resume Susana Alaníz, de Stop Desahucios.

Los beneficiarios de viviendas para “familias vulnerables” pagarán de 30 a 100 euros mensuales en función de sus ingresos durante cinco años prorrogables y obliga a los inquilinos a respetar unas normas de convivencia. Incumplirlas es uno de los motivos para rescindir el alquiler. El Ayuntamiento se reserva dos casas para realojar a desahuciados y otras dos para casos de emergencia social que tutelará la Xunta. El Plan de Oportunidades que el regidor José Manuel Rey Varela publicita como uno de los hitos de su mandato asignó este año 300.000 euros a la rehabilitación de una decena de pisos en Recimil. Otros 18.000 euros mensuales los dedica a ayudas de emergencia social: alquiler, facturas y recibos de familias en situaciones peliagudas.