El Sergas alega que no puede reunir los contratos de la etapa de Feijóo

La Xunta no enviará al Parlamento los papeles que pidió la oposición para determinar si los hospitales gallegos concedieron contratos a las empresas del narcotraficante Marcial Dorado o de su testaferro Manuel Cruz entre 1992 y 1998, la época en la que ambos eran amigos y compañeros de viajes de ocio de Alberto Núñez Feijóo y cuando esté era el secretario general de la Consellería de Sanidade. El PSdeG había requerido la documentación relativa a los contratos que los centros sanitarios públicos mantuvieron con empresas de suministro de combustible o material informático. El objetivo era conocer si las suministradoras de carburante de Dorado y su maraña de sociedades contrataron con la administración en la época en que se sucedían los paseos en yate, viajes al extranjero y fiestas de fin de año con Feijóo y Cruz.  La Consellería de Sanidade eludió remitir esa documentación a la Cámara y en su lugar planeó una comparecencia a petición propia del actual número dos del Sergas, Antonio Fernádez Campa, en la comisión de Sanidad del Parlamento gallego. Durante una hora y media, el alto cargo de la Xunta se sometió a las preguntas de la oposición pero no llegó a aclarar si los papeles fueron destruidos, como dio a entender el presidente ayer en el hemiciclo cuando dijo: “Nada hay anterior a 2003”.

Hoy el secretario general de Sanidade alegó que los expedientes solicitados por los socialistas corresponden a “16.000 operaciones contables por un importe de 96,5 millones de euros y 600 terceros [proveedores]”. “Es inmanejable”, explicó en varias ocasiones Fernández Campa. Pero el alto cargo de Sanidade en ningún momento alegó, como sí hizo el presidente ayer, que todas las facturas anteriores a 2003 fueran destruidas. Fernández Campa argumentó que “con carácter general las operaciones contables, transcurridos seis años, se pueden expurgar”. Detalló que el “procedimiento de archivo fue modificado en 2000 por una circular en la que se establecían las normas de la documentación a remitir al Consello de Contas y de cómo conservarlas. No toda la documentación tiene que ser expurgada”. Esa argumentación monopolizó toda su comparecencia, con una exposición inicial y dos turnos de respuestas a los cuatro grupos parlamentarios (PP, PSdeG, AGE y BNG). Los partidos de la oposición tacharon de burla y espectáculo lamentable la actitud de la Xunta y anunciaron que seguirán reclamando la documentación al Parlamento por los cauces reglamentarios.

Visto que no iban a obtener las respuestas que buscaban, socialistas, nacionalistas y AGE preguntaron varias veces a Fernández Campa, que ahora ocupa el mismo puesto que tenía Feijóo durante su amistad con Dorado, si vería razonable relacionarse también él con un narcotraficante detenido ya varias veces por contrabando. Le plantearon si también él tiene amigos de esa calaña y si continuaría en la Administración de destaparse una historia parecida. Todos esos interrogantes quedaron en el aire.

En su turno, el portavoz de Sanidad del PP, Miguel Santalices, recurrió a su experiencia como exdirector de tres hospitales distintos para recordar que la gestión de los suministros en esos centros a finales de los años noventa no estaba centralizada y que cada centro contrataba a distintos proveedores. Aseguró que cada hospital tenía un interventor y que durante el tiempo que estuvo como gerente bajo la supervisión de Feijóo nunca recibió ninguna instrucción del ahora presidente para contratar con una empresa.