Operación pokémon

Vigilancia Aduanera registra el domicilio del exalcalde de Ourense

La policía busca documentación que lo vincule con la aceptación de supuestos sobornos

El excalde de Ourense, el día de su dimisión en septiembre de 2012
El excalde de Ourense, el día de su dimisión en septiembre de 2012NACHO GÓMEZ

Siete meses después de haber sido detenido, trasladado a un calabozo de los juzgados de Lugo y de prestar declaración ante la juez que instruye el caso Pokémon (que lo dejó en libertad bajo fianza, imputado por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho) el exalcalde socialista de Ourense Francisco Rodríguez fue ayer de nuevo sorprendido en su domicilio por agentes de Vigilancia Aduanera. La titular del juzgado número 1 de Lugo, Pilar de Lara, retomó hace unos días los registros y ayer envió a los agentes en busca de documentación a la vivienda del exregidor y a dos propiedades que su pareja tiene en los municipios de Verín y Castrelo do Val.

Rodríguez volvió a quedar ayer incomunicado, aunque en su casa. Los agentes les requisaron los móviles a él y a su compañera mientras inspeccionaban las viviendas en busca de pruebas que confirmen los indicios de la aceptación de sobornos por parte de la empresa Vendex —la concesionaria del servicio de la ORA en Ourense— que llevaron a la juez a imputarlo el pasado septiembre. El exalcalde, a quien la investigación judicial y los cargos le costaron la alcaldía, una cruenta enemistad de sus afines con el sector del partido fiel al secretario general, Pachi Vázquez, y la pérdida del socio, el BNG, que garantizaba la mayoría absoluta al gobierno municipal que presidió, se convirtió así de nuevo en el foco de la Operación Pokémon.

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El registro en su domicilio en busca de pruebas (De Lara no ordenó hasta ahora esa inspección) se produjo a escasas dos semanas de otro realizado en las dependencias del Ayuntamiento de Lugo y apenas dos días después de que los diarios Faro de Vigo y La Opinión de A Coruña difundieran partes del auto judicial de De Lara en el que ve indicios de que el alcalde lucense, el también socialista Xosé López Orozco, habría recibido pagos mensuales de 2.000 euros de la empresa a la que su gobierno adjudicó el servicio de la grúa a través de un concurso supuestamente amañado. El regidor lucense, como hizo en su momento el ourensano, proclama a los cuatro vientos su inocencia y, tras reclamar que se levante el secreto del sumario para poder defenderse, muestra su disposición de pedir amparo al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y a la propia juez. Orozco contó con el respaldo del presidente de la Diputación de Lugo y candidato a liderar el PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien advirtió del “cuidado que hay que tener con este constante goteo de informaciones interesadas”. En su opinión, estos hechos sitúan en “permanente indefensión” a los imputados, que “tienen que estar proclamando constantemente su inocencia”.

A las inspecciones en el consistorio lucense y en las viviendas del exalcalde ourensano y de su compañera, se suma la ordenada también por De Lara la semana pasada en los archivos del Ayuntamiento de O Carballiño cuyo regidor, Argimiro Marnotes (también diputado provincial del PP) está igualmente imputado —en su caso por tráfico de influencias y revelación de secreto— y en libertad bajo fianza. En el registro se incautaron documentos de adjudicaciones de obras a seis sociedades relacionadas con un empresario maderero local.

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