“El patrimonio queda en grave riesgo a merced de especulación económica”

Los arqueólogos y demás guardianes del patrimonio cultural de Madrid no se consideran unos “románticos de las cavernas”. Los avances tecnológicos no les generan rechazo. Las nuevas tecnologías, llámense móvil, AVE o ipad, les producen la misma satisfacción que a cualquier humano. “No estamos en contra del progreso, que a su vez no está en contra del patrimonio. Solo hay que saber conyugarlos”, expresa Alicia Torija, de la Junta Directiva de la Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología (AMTTA), una de las entidades críticas con el proyecto de ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que entienden se mueve “por criterios economicistas y privatizadores”.

“Es un despropósito, no supone un avance sino una desprotección total de lo que hasta ahora se ha salvaguardado. ¡Es peor que la actual! El patrimonio queda en grave riesgo a merced de especulación económica, que por ejemplo reducirá el número de edificios protegidos”, agrega Eva Zarco, tesorera de la Junta Directiva de la Sección de Arqueología del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Madrid.

Entre los aspectos que los detractores de la ley consideran más negativos del texto destacan el abuso de los silencios administrativos positivos, por lo que se daría el visto bueno a la intervención sobre bienes protegidos si en el reducido plazo fijado de dos meses no se ha resuelto sobre el proyecto de actuación. Tampoco les convencen los plazos de 30 días para los informes de impacto ambiental y sobre actuaciones en bienes protegidos, o el mes para los informes de planes urbanísticos. La legislación que impulsa la consejera de Empleo, Cultura y Turismo, Ana Isabel Mariño, también suprime las comisiones de patrimonio, “eliminando opiniones cualificadas y consensuadas en las decisiones sobre licencias de obra en conjuntos históricos y entornos de monumentos”.

La norma elimina además la realización de Planes Especiales —se orientaban a la gestión urbanística, a los usos del suelo y a la protección del patrimonio dentro de los municipios— y suprime el dominio público para el patrimonio arqueológico inmueble, lo que contraviene la Constitución (artículo 132.3). “Por no hablar de que también anula la participación ciudadana impidiendo que se puedan impulsar expedientes de incoación para la declaración de Bienes de Interés Cultural (BIC), o reduciendo a un día al mes las visitas a determinados bienes de titularidad privada pese a lo que establece la Ley de Patrimonio Histórico Español”, se escandaliza Vicente Patón, presidente de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio.

El pasado 10 de abril los tres partidos de la oposición enmendaron a la totalidad la ley, enmiendas que el Partido Popular rechazó en la votación del pleno de una semana más tarde (el PP cuenta con 72 diputados, por 36 del PSM, 13 de IU y ocho de UPyD). El PP añadió a su vez siete enmiendas al documento legislativo, de las que dos tenían que ver con la actividad económica y la construcción de casinos y otras dos modificaban las leyes de suelo y urbanismo de la región para la implantación, sin impedimentos en el ámbito patrimonial, de complejos como el de los casinos y congresos de Las Vegas Sands Corporation.

“No solo se están desprotegiendo edificios BIC, en los que se tira todo salvo la fachada protegida como es el caso de Canalejas. ¡La ley permitiría arrasar yacimientos arqueológicos para construir Eurovegas!”, advierte Patón. “La arqueología preventiva en Madrid tenía un modelo bastante bueno y eso desaparece. Ahora se va a poder construir carreteras o complejos de casinos sin un trabajo previo que evalúe el impacto que podría tener. Sin duda está pensada para facilitar el desarrollo de Eurovegas”, añade Torija.

El Distrito Norte de Alcorcón es el sitio elegido por el empresario de los casinos Sheldon Adelson para levantar Eurovegas, que ocuparía una extensión de 750 hectáreas, que a primera vista son un secarral. Otra cosa es lo que haya debajo, si es que lo hay. “Con la nueva normativa esa posibilidad, una sospecha potencial, no se tendría en cuenta”, enfatiza Zarco.

Torija denuncia el “fundamentalismo ideológico de una normativa que promueve la especulación y el ladrillo”. “Tenemos ejemplos de lo que puede hacer el fundamentalismo religioso en los Budas de Bamiyán, los templos de Angkor, la Biblioteca de Sarajevo, Tombuctú… No va a hacer falta irse tan lejos. El patrimonio debe basarse siempre en criterios de sostenibilidad, que garantice las necesidades futuras, tenemos zonas de reserva arqueológica que van a desaparecer… ¿Qué les vamos a decir a nuestros nietos de una ley que hizo que nuestro patrimonio, que muchos de nuestros edificios, cayeran en el olvido?”, barrunta.

“Nos quejamos de los expolios que se hicieron del patrimonio español cuando por ejemplo los americanos compraban monumentos y se los llevaban troceados a Estados Unidos [William Randolph Hearst expolió en 1925 el Monasterio de Santa María la Real de Sacramenia, en Segovia, una abadía cisterciense de los siglos XII-XIII reconstruida en Miami]. No se ha contado con la opinión de los expertos, esta ley se ha hecho a espaldas de la sociedad. Volvemos a tiempos predemocráticos, entonamos un réquiem por el patrimonio cultural. Podemos ver su acta de defunción en la Comunidad de Madrid... La ideología se antepone a los intereses de todos”, interviene Patón. Este domingo los arqueólogos de Madrid se manifestarán a las 11.00 en la plaza de Canalejas bajo el eslogan SOS Patrimonio, No a una ley desprotectora. Ya para más adelante, anuncian que recurrirán la ley hasta que esta cambie o hayan recorrido todos los peldaños del sistema judicial.