Orozco sobre la acusación de soborno: “No cobré ni en dinero ni en enchufes”

El futuro judicial del alcalde de Lugo se complica. La juez que investiga el caso Pokémon, una trama de sobornos a políticos por parte de empresas a cambio de contratas municipales, asegura haber reunido indicios de que el socialista Xosé López Orozco, presidente del PSdeG, recibió pagos mensuales de la compañía a la que su gobierno adjudicó la gestión de la grúa a través de un concurso presuntamente amañado. El regidor se enteró ayer por los periódicos Faro de Vigo y La Opinión de A Coruña del auto judicial en el que la titular del juzgado número 1 de Lugo, Pilar de Lara, deja constancia de sus sospechas. Orozco compareció en rueda de prensa ayer por la mañana para defender su inocencia y admitir que está “cabreado”. Poco antes, según relató, se había dirigido al juzgado para hablar con la magistrada De Lara, que no pudo atenderlo porque estaba de guardia. Orozco optó entonces por dirigirse a Estela San José, la juez del caso Campeón: “Le ratifiqué una vez más mi inocencia y por eso le pedí que investigue quién está cometiendo el delito de filtrar datos de un sumario secreto y con qué finalidad intentan destruir a una persona inocente”.

Según el auto judicial, las declaraciones de imputados y la documentación incautada en los ocho meses de investigación desde que estalló la Operación Pokémon apuntan a que la firma asturiana Cechalva, concesionaria de la grúa de Lugo, abonó 2.000 euros mensuales al regidor y a su exconcejal Francisco Fernández Liñares —uno de los presuntos cerebros de la trama— a cambio de recibir el contrato. La juez pone en duda la limpieza del concurso por el que se adjudicó la grúa a Cechalva en 2005 y acusa a otros dos imputados en el caso, Javier Manuel Reguera y Manuel Santiso, de diseñar “un concienzudo plan para obtener de forma ilícita” el contrato.

Pilar de Lara sostiene que Reguera y Santiso, con la “inestimable ayuda” del entonces edil Liñares, contactaron con los socios de Cechalva y les ofrecieron la adjudicación municipal a cambio de entrar en el accionariado de la compañía. “A cambio de la adjudicación”, recoge el auto, “la empresa Cechalva en cumplimiento del compromiso previamente adquirido ha estado pagando mensualmente la suma de 2.000 euros, que tendrían presuntamente como destinatarios” al alcalde y al exedil. Los “sobornos” eran abonados, sostiene la instructora, por Javier Manuel Reguera, en cumplimiento de un acuerdo que también incluía supuestamente la contratación por parte de Cechalva de trabajadores propuestos por Orozco.

“Nunca cobré ni un euro de Cechalva, ni de nadie, ni tampoco me pagaron con enchufes, ni con favores de ningún otro tipo”, replicó ayer Orozco. El alcalde de Lugo afirmó que “es mentira” que ninguna “empresa o persona” le haya “sobornado nunca”. “No se puede hacer impunemente una afirmación semejante. Reto a que me lo digan, a que se demuestre”, añadió.

El socialista ha anunciado una querella contra los imputados que lo acusan. “Se está difamando a mi persona”, censuró, para más tarde añadir: “Esto para mí es un acicate”. La defensa del alcalde, que declaró como imputado el pasado noviembre, se quejó ayer de la “tremenda indefensión” de su cliente por las revelaciones del sumario. El letrado Gregorio Arroyo ha pedido que se levante el secreto de las actuaciones aunque sólo sea en parte. Afirma que el juzgado no le ha notificado el auto conocido ayer y que se enteró de su existencia por los medios de comunicación. Arroyo recuerda que en su comparecencia ante la juez Orozco ya dejó “claro” que no había recibido “ni un euro” de ninguna de las empresas investigadas en la causa. El caso Pokémon acumula ya una treintena de imputados, entre ellos otros dos regidores que se mantienen en sus cargos: el de Santiago, Ángel Currás, y el de O Carballiño, Argimiro Marnotes, ambos del PP.