Urkullu pierde 40 millones con las políticas activas que negoció el PNV

La competencia de las políticas activas, que negoció directamente el PNV con el ex presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, está resultando un auténtico agujero negro para la administración autonómica vasca. El Gabinete de Iñigo Urkullu tiene que hacer frente a unas obligaciones de gasto de 202,9 millones de euros por las bonificaciones correspondientes de los contratos de fomento del empleo y de formación firmados por los empresarios vascos a lo largo de 2012, según datos oficiales del Servicio Público de Empleo Estatal, mientras que el 6,24% de la partida específica para ese fin en el presupuesto inicial del Gobierno central, —cuya ejecución podría ser todavía menor— es de 2.600 millones, es decir, Madrid sólo descontará 162,24 millones.

Si en 2011 al Gobierno de Patxi López, —el primer año completo para poder evaluarlo— la diferencia entre lo gastado en Euskadi y el 6,24% de lo presupuestado en Madrid le costó 88,2 millones de euros, en 2012 el saldo desfavorable a Euskadi se ha reducido debido a que en el peor año de la crisis se han hecho muchos menos contratos bonificados, pero sigue siendo de 40,6 millones. En dos años, el agujero derivado de una negociación en la que el PNV primó lograr la revindicación histórica de una parte de las políticas activas vinculadas a la caja única de la Seguridad Social, suma casi 130 millones de pérdida neta, una cantidad superior al presupuesto de Lehendakaritza para 2013 que retiró Iñigo Urkullu, (95,7 millones) y al de Hacienda y Finanzas (93,7 millones).

Es otro de los conceptos

El Ejecutivo vasco matiza que de esa cantidad hay que descontar diversos ajustes, y como el año pasado, tienen diversas discrepancias que podrían hacer bajar la cifra de pérdida neta hasta los 25 millones (en 2012), pese a lo cual es un sopapo considerable. Ese es otro de los conceptos que entra en discrepancia en la contabilidad del Cupo que hacen Madrid y Vitoria y que tienen que ajustar a finales de este mes, que es cuando el Gobierno vasco tendría que abonar al central la liquidación de 2012, más lo correspondiente al primer trimestre de 2013. Como las discrepancias entre ambos rondan los 800 millones y siguen subiendo, desde el pasado octubre se descuentan una administración a otra, y se anotan los saldos teóricos, pero sin hacer ingresos. Pero esa es sólo una de las derivadas de la contabilidad del Servicio Público de Empleo Estatal.

La otra es que la diferencia entre los ingresos de los trabajadores vascos por cuotas de desempleo, las cuotas de Formación Profesional y otros conceptos relacionados, ascendieron a lo largo del pasado año a 1.206 millones de euros, el 4% menos que en 2011, —debido al incremento del desempleo— mientras que los gastos —prestaciones— crecieron un 6,51%, hasta los 1.528,7 millones. Es decir, un saldo negativo de 322,7 millones aunque descontadas las cuotas de formación que ya suponen una merma para el Gobierno vasco, el saldo a favor del Ministerio de Empleo seguiría siendo de 119,8 millones. “Euskadi necesita del sistema de Caja Única y de la solidaridad de los trabajadores españoles porque no es autosuficiente ni en materia de desempleo ni en materia de pensiones”, asegura un experto del SEPE. En 2011 los ingresos de la Seguridad Social correspondientes a los trabajadores vascos para hacer frente a las pensiones fueron de 6.064,3 millones de euros, mientras que los gastos en pensiones contributivas en Euskadi ascendieron a 7.001,1, un agujero de 936,8 millones, el 8,9% del presupuesto aprobado por el ejecutivo autonómico para 2012, de 10.449 millones.

El PNV lo calificó de

Curiosamente el PNV, que estaba en la oposición cuando los socialistas negociaban las políticas activas, en 2009, criticó con dureza al PSE que cuantificó en 300 millones la transferencia, sin incorporar las cuotas de los contratos bonificados. “Materia averiada”, descalificaron los nacionalistas. Poco después el PNV, con un Zapatero necesitado de sus votos en el Congreso, elevó la tasación hasta los 472 para incorporar las bonificaciones de los contratos, en medio de un debate sobre si esa vieja reivindicación afectaba o no a la caja única de la Seguridad Social. El traspaso fue cerrado, ya por el Gobierno vasco, el 28 de octubre de 2010 durante el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-País Vasco, que se celebró en Vitoria. El entonces presidente del PNV de Bizkaia, Andoni Ortuzar, ahora máximo representante del partido en Euskadi declaró al día siguiente: “Nosotros lo conseguimos, otros lo firman”.