Lecciones sobre el alquiler forzoso

Bienvenido el debate sobre la recuperación de medidas contra la desocupación injustificada de las viviendas. Parece que el poder solo se mueve cuando no le queda más remedio. Sin embargo, ¿es creíble una rectificación en Cataluña por parte de CiU, después de haber demonizado sin piedad la propuesta que en este sentido incorporó en 2007 la Ley sobre el Derecho a la Vivienda? La lógica de la ley —pionera en España— había sido poner el foco en la función social de la propiedad, y por ello acompañar las medidas de fomento del alquiler con alguna previsión penalizadora para los casos en que una vivienda se mantuviera desocupada injustificadamente, en una especie de “cierre de círculo” característico de toda política pública, y común en los países europeos. CiU combatió con uñas y dientes la penalización —que parecía ser muestra de las tendencias totalitarias del tripartito (!)—, votó en contra, movilizó a sectores afines y, finalmente, derogó la previsión en 2011.

No es coherente defender lo que ayer se rechazó, ni siquiera si pretende decirse que se hace diferente. Lo esencial era y es debatir y decidir si la desocupación injustificada de viviendas vacías merece algún tipo de penalización, si la función social delimita el derecho de propiedad, y esa sola idea horrorizaba hace unos años a quien gobierna, considerándolo intervencionismo malsano. Es aceptable rectificar, obviamente, pero me temo que no habrá un giro real y efectivo, a excepción de que sigamos presionando legítimamente.

Es aceptable rectificar, obviamente, pero me temo que no habrá un giro real y efectivo, a excepción de que sigamos presionando legítimamente

La situación nos interpela sobre cómo en 2011 el actual Gobierno de Cataluña pudo mutilar y modificar la Ley del Derecho a la Vivienda aprobada a finales de 2007. Los cambios pasaron el control parlamentario casi sin pena ni gloria, en el marasmo de las llamadas leyes Ómnibus, ejemplo máximo del ejercicio de poder sin participación social. Mientras los ciudadanos estamos entretenidos con polémicas muchas veces intencionadamente ficticias, los Gobiernos actúan o no en algún sentido; tengámoslo en cuenta.

La pregunta es: la mayor sensibilización provocada por la agitación social, ¿permitiría hoy la mutilación que sufrió la Ley del Derecho a la Vivienda? ¿Podría hoy el Gobierno permitirse —es decir, podríamos los ciudadanos aceptar— que se derogara la previsión de alquiler forzoso y otros diversos avances conceptuales que suponía la ley, como la creación de un auténtico parque amplio y estable de viviendas a precio moderado o un control más justo de las adjudicaciones de viviendas protegidas?

Quiero pensar que no, que hoy ya no sería posible el retroceso social e intelectual que significó modificar —sin debate— la Ley de Vivienda en 2011. Hoy no podrían hacerlo sin respuesta, porque el tema genera decididamente más interés. Estamos más preparados para exigir lo obvio: el fin de la pasividad de los poderes públicos en materia de vivienda. En abril de 2013 existe una sensibilización, de los afectados y de toda la sociedad, que incrementaría el control a los gobernantes si adoptaran medidas como la de 2011, y exigiría debate y respeto al interés general. Las comunidades avanzan —con conflictos— y lo que un día es posible mañana resulta inaceptable, o al revés. Es responsabilidad de todos que no se vuelva a legislar sin enterarnos. Toca organizarse.

Dolors Clavell es abogada y exparlamentaria-ponente de la Ley del Derecho a la Vivienda de 2007.