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La cuarta ‘crisis’ de Ana Botella

El Constitucional fuerza a la alcaldesa a prescindir de dos delegados

El tribunal acusa a la Abogacía del Estado de intentar cambiar su sentencia

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Esta historia tiene dos protagonistas, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella, y los dos salen malparados, aunque por motivos diferentes. Además, hay al menos cuatro personajes secundarios, cuya suerte podría resolverse hoy.

El origen hay que buscarlo hace 10 años. Gallardón (PP), recién llegado a la alcaldía de Madrid prácticamente contra su voluntad, intentó que el Gobierno le tejiera una Ley de Capitalidad exclusiva. El entonces presidente, José María Aznar (PP), aprobó en su lugar una Ley de Grandes Ciudades que afectaba a otras 57 urbes más. Gallardón la consideró “mejorable” pero “suficiente”, y se conformó o fue conformado.

La ley entró en vigor el 1 de enero de 2004. Buscaba “reforzar el perfil ejecutivo” del gobierno local, y convertir el pleno municipal en “órgano de debate” y “fiscalizador”. Entre otras medidas, se permitió al alcalde incluir en su gobierno “a personas que no ostenten la condición de concejales, siempre que su número no supere un tercio”. Así lo hizo Gallardón, y con él decenas de regidores de todo signo político.

Pero el Parlamento catalán recurrió esa disposición ante el Tribunal Constitucional, que el pasado 28 de abril decidió anularla. La sentencia recuerda que la Constitución “atribuye las funciones de gobierno municipal a un Ayuntamiento compuesto únicamente por alcalde y concejales”.

Gallardón ya no es alcalde de Madrid, pero su sucesora, Ana Botella (PP), mantiene a dos delegados sin acta de concejal en su ejecutivo: Fernando Villalonga, responsable de Las Artes desde enero de 2012; y Juan Antonio Gómez Angulo, que ocupó la cartera de Medio Ambiente y Movilidad en febrero. La sentencia del Constitucional adolece, sin embargo, de ambigüedad, pues considera “situaciones consolidadas no susceptibles de ser revisadas las nacidas con anterioridad a su fecha de publicación”. Eso dio pie a la Abogacía del Estado, cuyo responsable es ahora el propio Gallardón, a pedir el 3 de mayo una aclaración, por si eso significara que los delegados elegidos con anterioridad al fallo judicial pudieran seguir en su puesto.

El Constitucional respondió el martes con una nueva bofetada. La Abogacía del Estado no sólo pidió una aclaración, asegura el tribunal, sino que consideró “lógico entender” que los cargos ya nombrados pudieran seguir en su puesto. En resumen: no pedía que le dijeran cuál de las posibles interpretaciones era la correcta, sino que la suya era la correcta. A esto, el tribunal responde que una aclaración “no constituye un medio de impugnación encaminado a la revisión de la sentencia, porque contra el Constitución no cabe recurso alguno”. Ni hay necesidad, añade, “de nuevas deducciones o interpretaciones”. Así que, como la aclaración “pretende modificar el alcance del fallo”, decide que “no ha lugar”. Eso sí, por si cupiera duda, desliza que la sentencia blinda los acuerdos adoptados por gobiernos locales con delegados sin acta de concejal, pero no a estos, para los que “la declaración de inconstitucional despliega todos sus efectos”.

Villalonga y Angulo dejarán el Gobierno, pero podrían hallar otro acomodo

Así pues, Botella deberá sustituir a Villalonga y Gómez Ángulo, en la que será su cuarta crisis de gobierno en año y medio.

El PP ganó las elecciones locales en mayo de 2011. Gallardón, que decía no pensar en otra cosa que en ser alcalde, nombró un equipo ejecutivo de ocho miembros. En diciembre, pasó a pensar únicamente en ser ministro. De esos ocho nombres, sólo quedan dos: Botella, y su número dos, Concepción Dancausa. La nueva alcaldesa nombró en enero de 2012 un gobierno de siete miembros. Sólo quedan tres. La tragedia del Madrid Arena se llevó por delante al vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva; al delegado de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad, Antonio de Guindos; y al edil de Economía, Pedro Calvo. El Constitucional barre ahora a Villalonga y a Gómez Ángulo, sustituto de De Guindos.

La cuarta crisis puede tener lugar desde hoy, conocida ya la aclaración del Constitucional, hasta dentro de dos semanas, cuando se publique la sentencia. Sólo Botella sabe cómo cubrirá los huecos; puede promocionar a ediles, y no son pocos los que, más o menos sutilmente, se han postulado; o puede cambiar fichas dentro de la Junta, alterando incluso carteras o competencias. Sobre la suerte de los dos relevados, cabe la posibilidad de que la alcaldesa los repesque para cargos de responsabilidad fuera del gobierno, o bien en empresas u organismos municipales, o bien con cargos de responsabilidad en áreas o como sus consejeros áulicos. Villalonga es tan polémico como Jose Mourinho en el Real Madrid, pero goza del respeto de la alcaldesa, que confía en su criterio. Lo mismo ocurre con Gómez Angulo, en cuyo caso concurre la circunstancia de que abandonó su vida empresarial para acudir a la llamada de la regidora hace solo dos meses, y parece difícil que ahora ella le deje ir.

"Un fallo estrepitoso"

El líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, censura “la tendencia a estirar al máximo la justicia” que, a su juicio, tiene el gobierno de Ana Botella. Achaca además al “sentimiento de culpabilidad” de Gallardón el que se solicitara aclaración al Constitucional. El edil socialista Gabriel Calles añade que dos de los ERE del Ayuntamiento han partido de Villalonga, “que espera ahora su carta de despido”.

El líder de IU, Ángel Pérez, cree que “la política del PP, lesiva para la mayoría de ciudadanos con independencia de quién la gestiona, no va a cambiar o mejorar con la salida de estos delegados”. En todo caso, Pérez considera que la sentencia “no parece muy razonable, a mitad de legislatura y dado que existe un trato desigual, puesto que se puede ser ministro sin ser diputado, por ejemplo”.

El líder de UPyD, David Ortega, destaca: “Resulta paradójico que un Gobierno con mayoría absoluta no sea capaz de formar un equipo mínimamente estable, algo clave y en lo que está fallando estrepitosamente la alcaldesa”.

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