Planas exige una nueva evaluación de impacto del dragado del Guadalquivir

El proyecto de ampliación del dragado del Guadalquivir que quiere acometer el puerto de Sevilla para acoger barcos de mayor calado ha llegado al Parlamento. Y ha salido tocado. PSOE e IU han mostrado serias dudas sobre el impacto que tendría la obra en este momento en Doñana y sobre la agricultura. Estas dudas las comparte el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, quien exige al Gobierno central que el proyecto tenga una “nueva evaluación de impacto ambiental”. El consejero también ha recordado este miércoles que se necesitará el visto bueno de la Comisión Europea, que financiaría parte de las actuaciones a través de los fondos Feder.

 Para lograr ese visto bueno de Bruselas se requeriría un informe de no afección a la Red Natura 2000, que debe elaborar la Junta de Andalucía. Y Planas asume el dictamen que una comisión científica nombrada por el Consejo de Participación de Doñana emitió en 2010. En ese escrito se apuntaba que el dragado es inviable mientras no se mejore la situación agónica del estuario del río. Algo que no ha ocurrido, según reconoce el consejero.

Lo que no está tan claro es qué efectos prácticos tendría la “nueva evaluación de impacto ambiental” que Planas ha reclamado al Gobierno central. El consejero ha lanzado al tejado del ministro Miguel Arias Cañete el problema. “Será el que deba pronunciarse sobre si hace falta una nueva Declaración de Impacto Ambiental [DIA] y autorizar el dragado”. Si el puerto tuviera que reiniciar la elaboración de la DIA, el proyecto quedaría muy tocado, ya que se retrasaría mucho. Y, según la Autoridad Portuaria, si no se acomete este año se perderán 12 millones de fondos europeos Feder que supuestamente están destinados a esta actuación.

El debate sobre el dragado ha llegado al Parlamento de la mano de IU, que pidió la comparecencia de Planas. Además, el pronunciamiento de la Junta se produce una día después de la polémica visita de los Príncipes a la esclusa del puerto de Sevilla, algo que los defensores del dragado —empresarios y sindicatos locales— interpretaron como un “espaldarazo” al proyecto.

Pero el dragado genera bastante división. Entre los que lo rechazan están científicos, ecologistas y regantes del bajo Guadalquivir. También provoca división en el PP. La Diputación de Cádiz, gobernada por los populares, votó en contra del proyecto de forma unánime hace unas semanas. Sin embargo, el parlamentario regional del PP por Sevilla Jaime Raynaud ha apoyado este miércoles esta actuación en la Cámara andaluza.

Raynaud —quien también ha pedido que se acometan las obras necesarias para que los regantes no se vean perjudicados— emplea los mismos argumentos que utilizan los promotores del dragado: los miles de puestos de trabajo que se generarían, que es una obra que no acarrea vertidos y que la actuación es reversible. Además, al igual que el puerto sevillano, el popular recuerda que el proyecto cuenta “con una DIA positiva desde 2003”.

Pero los contrarios a la obra consideran que esa DIA está desfasada tras el dictamen científico, de ahí la necesidad de la nueva evaluación de impacto ambiental que reclama Planas. El consejero pone en duda los miles de empleos que supuestamente se crearán con la obra (de hasta 20.000 han llegado a hablar los defensores). Esas estimaciones, según Planas, “no son tales cuando se examinan” al detalle.