La defensora del Pueblo investiga los impagos a los funcionarios de La Línea

La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha abierto una investigación de oficio sobre los impagos a la plantilla del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz), que acumulan nueves meses sin cobrar.

La oficina del Defensor responde así a las quejas de algunos empleados municipales que no son capaces de afrontar los recibos de sus hipotecas, como Mauricio Rivas, un operario de la Delegación de Cultura a quien el Juzgado de Instrucción número 2 de La Línea comunicó el pasado día 30 de abril que, en un plazo no superior a tres meses, debe abandonar su casa.

Becerril ha solicitado información sobre la situación financiera municipal al Ayuntamiento, a la Diputación, a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía y a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

A la defensora le preocupa especialmente la situación de los empleados municipales que están a punto de ser desahuciados y ha insistido en la necesidad de “una reforma profunda de la regulación de la situación de los deudores hipotecarios en su conjunto”.

Hasta que se apruebe esta reforma, Soledad Becerril confía en que los jueces tengan en cuenta las situaciones de cada particular que, en muchos casos, son deudores de buena fe. Además, Becerril pide a las entidades bancarias “que tengan en cuenta estas situaciones a las que se han visto abocados muchos ciudadanos como consecuencia de impagos por parte de sus Ayuntamientos”.

La alcaldesa de La Línea, la socialista, Genma Araújo, calificó de buena la iniciativa de Becerril. “Nosotros nos ponemos a su disposición. Parece que empiezan a ser atendidas las llamadas de atención sobre la singularidad de este municipio y la grave situación económica heredada tras 12 años de gobierno del GIL y el PP”, afirmó.

“Llevamos meses esperando respuestas al anunciado plan del Gobierno para ayudar a Corporaciones en grave situación económica. Espero que la investigación de la oficina del Defensor sirva para poner blanco sobre negro y arbitre las medidas necesarias para ayudar a un municipio que no tiene ni las infraestructuras ni los ingresos para vivir por si mismo y que convive con Gibraltar, lo que provoca beneficios, pero también perjuicios”, apostilló la alcaldesa.