El Tribunal Superior de Galicia desmonta el ERE de Baltar en la Diputación

José Manuel Baltar Blanco no consigue desprenderse de la sombra que mancilla el legado político —la presidencia de la Diputación y la del PP de Ourense— que recibió de su padre. Tampoco de sus prácticas. Se lo acaba de recordar el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que ha declarado “no ajustado a Derecho” el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con el que el segundo de los Baltar reprobaba, mediante el despido de 25 empleados, la política de contrataciones de la que supuestamente se benefició políticamente.

En el empeño por desvincularse, una vez en el poder, de la imagen caciquil de su progenitor (procesado por, supuestamente, haber enchufado en la Diputación al menos a 104 afines en el entorno del congreso sucesorio del PP) Baltar promovió un ERE. Lo justificó enmendando públicamente la plana a su padre. En el documento que sustentaba el expediente afirmaba que en la heredada Diputación había un elevado número de trabajadores indefinidos no fijos "que no obtuvieron ese estatus mediante la superación de un proceso selectivo reglamentario, sino por la indebida aplicación de contrataciones temporales no justificadas".

Pero al mismo tiempo que aplicaba el ERE denunciando las contrataciones irregulares de su progenitor, se servía de la misma práctica y enchufaba también él en la Diputación a otros 20 afines al PP, concedía arbitrarias subvenciones, a dedo, por casi dos millones de euros, mantenía las ayudas a los clubes deportivos y se rodeaba de un par de asesores que cuestan 120.000 euros a las arcas de la institución. Aludiendo a estas actuaciones, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desmontado el argumento economicista del presidente provincial y ha declarado "no ajustado a Derecho" el ERE, el primero promovido desde una Administración gallega. Aferrado sin embargo a su decisión -y a la crítica implícita al modelo de contratos temporales que acaban en fijos de la que se sirvió su padre- Baltar ha dado a entender que recurrirá la sentencia. En su opinión, bastará "simplemente" con "aumentar el número de indemnización de los días trabajados" de los 25 despedidos, de forma que pasaran de 20 a 45 para que el ERE sea aceptado por el alto tribunal gallego.

De momento, con su padre y predecesor con un pie en el juzgado para responder por los 104 enchufes, el segundo de los Baltar recibe del Tribunal Superior una crítica a su gestión del gasto en la institución, similar a la de su progenitor de cuya imagen intenta zafarse. El alto tribunal le advierte -para rechazar que el desajuste de la plantilla sea el factor desencadenante de la situación económica negativa de la Diputación- de que mediante "la reducción de las partidas presupuestarias destinadas al baloncesto o al fútbol quizás se hubieran podido evitar si no todos, sí un número mucho menor de trabajadores despedidos". El Tribunal Superior precisa, además, que el ERE "resulta contrario al deber de buena fe" toda vez que lo simultaneó con el nombramiento de "dos asesores de confianza con un gasto anual aproximado de 120.000 euros" para las arcas de la institución. Mientras Baltar se sacudía ayer, tras conocer la sentencia, el rapapolvo del alto tribunal gallego y esgrimía un argumento sobre la compatibilidad de contratar caros asesores al mismo tiempo que se despide personal por razones de ahorro para la institución, CC OO, sindicato que denunció judicialmente el ERE, reclamaba la inmediata incorporación de los 25 despedidos a sus puestos.

"Pues claro que los quiere indemnizar con 45 días en lugar de con 20; el dinero no es suyo sino de la institución", reprocha el "clientelismo del nuevo Baltar" el secretario xeral de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CC OO, Ramiro Otero. Los 25 despedidos esperan ahora que Baltar tome una decisión en el plazo de los cinco días de que dispone para acatar o recurrir la sentencia del TSXG antes de que, dado que el ERE no fue declarado nulo, comiencen los juicios de los trabajadores en el juzgado de lo social de Ourense que aplicará la Reforma Laboral.