Cuatro de los últimos siete alcaldes de Orihuela están imputados o condenados

Orihuela, localidad del sur de la provincia de Alicante donde nació el poeta Miguel Hernández, ha sido el escenario durante los últimos años de diversos escándalos de corrupción política. Hasta el extremo de que cuatro de los siete alcaldes que han gobernado en la ciudad desde la instauración de la democracia, en 1979, están imputados o han sido condenados. La última sentencia ha condenado a José Manuel Medina, del PP, a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación relacionado con un expediente urbanístico. Medina anunció este jueves que recurrirá ante la Audiencia de Alicante esta sentencia “injusta”.

Pero no es el único caso. Luis Fernando Cartagena, también del PP, fue condenado, y llegó a entrar en prisión, por quedarse con 49.000 euros de la donación de unas monjas al Ayuntamiento de Orihuela. Y la que fuera alcaldesa entre 2007 y 2011 y actual líder de la oposición, Mónica Lorente, del PP, está siendo investigada por partida doble por los juzgados. La exregidora está imputada en el caso Brugal con relación a la adjudicación de la contrata de basuras, y está encausada en otro caso por adjudicar el contrato de una obra en una plaza después de inaugurarla. Y Francisco García Ortuño, que fue el primer alcalde democrático por la UCD y luego fue concejal del PSOE, está imputado también en la rama oriolana del Brugal.

Pero las sospechas no acaban ahí. Cuatro de los 11 concejales que tiene en la actualidad el PP en Orihuela están siendo investigados por la justicia, y uno de ellos tiene una sentencia firme por agresión.

La última condena que implica a un político oriolano es la de José Manuel Medina. El Juzgado de lo Penal número 3 de Orihuela ha condenado a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al exalcalde popular. La juez considera probado que Medina, que fue alcalde durante 13 años, cometió un delito de prevaricación en relación con un expediente urbanístico. La inacción del exregidor en el procedimiento causó una merma patrimonial al Ayuntamiento de Orihuela de unos dos millones de euros, que debieron reclamarse por vía judicial a un agente urbanizador.

El fiscal pedía para Medina, que fue alcalde hasta 2007, una inhabilitación de ocho años por un delito de prevaricación en comisión por omisión. El Ayuntamiento dirigido por Medina solicitó en 2004 a la Agrupación de Interés Urbanístico Las Piscinas 4.220,50 metros cuadrados —o en su defecto una indemnización de 2.105.006,50 euros— que faltaban por aportar en una finca entregada al Consistorio por la sociedad. El cambio en el precio pactado anteriormente se debió a una corrección de las mediciones del suelo del proyecto de reparcelación. La junta de gobierno local aprobó en mayo de 2004 iniciar los trámites para exigir al agente urbanizador el terreno que faltaba o una indemnización por su valor, y el propio Medina firmó después un decreto en ese sentido. La empresa no respondió al decreto, por lo que el exalcalde dictó otro en el que emplazaba de nuevo al agente urbanizador a resarcir al Consistorio en el plazo de 15 días.

En caso contrario, el Ayuntamiento advertía de que ejercería acciones legales. Sin embargo, Medina no acudió a los tribunales. La sentencia destaca que “no inició acciones legales ni realizó actividad alguna para restablecer el equilibrio patrimonial del Ayuntamiento”. La juez apunta que, como alcalde, Medina “pudo haber convocado al pleno para discutir” las posibles acciones legales o pedido informes sobre el caso, pero no lo hizo. Durante el procedimiento, Medina alegó que había consultado “de manera verbal” a varios expertos, que le habrían dicho que no era posible ejercer acciones legales en ese asunto. La Fiscalía Anticorrupción abrió 15 causas contra el exregidor, de las que 12 fueron archivadas.