El 44% de las 1.924 entidades del sector público local andaluz no rinde cuentas

El presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio María López, aseguró este jueves que el 44% de las 1.924 entidades que constituyen el sector público local andaluz no han cumplido su obligación de rendir cuentas.

En su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento para presentar de la Memoria de Actividades de la Cámara de Cuentas de 2012, López señaló que por ello han centrado su trabajo en distintas actuaciones para incrementar el grado de cumplimiento de la obligación de rendir cuentas, circunstancia que se repite.

El sector público local andaluz, ha recordado el presidente de la Cámara de Cuentas, lo forman ocho diputaciones provinciales, 771 ayuntamientos, 50 entidades locales autónomas, 87 mancomunidades, 209 consorcios, 365 organismos autónomos y 434 sociedades mercantiles.

En su comparecencia, López ha propuesto medidas que "refuercen el deber de cumplir la obligación de rendir cuentas por parte de las entidades locales", entre ellas exigir esa práctica "como requisito previo en la solicitud de ayudas y subvenciones" o para participar en los tributos de la comunidad.

También ha avanzado que están estudiando una modificación normativa que permita imponer "multas coercitivas personales a los responsables, sean políticos o funcionarios, de no rendir cuentas".

Además, ha propuesto adelantar los plazos de rendición de la Cuenta General de la Junta de Andalucía para que el informe de fiscalización tenga un horizonte temporal más cercano al ejercicio auditado.

Antonio María López ha señalado que la Cámara de Cuentas ha finalizado 34 informes y tiene, en distintas fases de trabajos de fiscalización, 32 actuaciones.

López también afirmó que, una vez liquidado el Presupuesto andaluz de 2011, se confirma que se ha incumplido “claramente” el objetivo de estabilidad presupuestaria, con un déficit del 3,41 %, cuando el objetivo se fijó en el 1,3 %. En este sentido, López detalló que la necesidad de financiación de ese año en Andalucía, “en términos de contabilidad nacional, alcanza la cifra de -4.957 millones de euros, que representa el 3,41 % del PIB”.

En las conclusiones y recomendaciones tras fiscalizar la cuenta general, la contratación pública y los fondos de compensación interterritorial de 2011, la Cámara pide que se incluyan como derechos de cobro de difícil o imposible recaudación no sólo los superiores a cinco años, sino a los que tengan menos antigüedad.

También se critica que los programas como instrumentos de planificación y seguimiento de las políticas presupuestarias sufren “merma de la utilidad” por el hecho de que se traspasan créditos de unos programas a otros al margen de modificaciones presupuestarias.