Aguayo afirma que ha ahorrado 200 millones al eliminar 113 entes públicos

La reordenación del sector público ha supuesto un ahorro de 200,7 millones en tres años frente a los 118 millones previstos en 2010, cuando se inició el proceso de supresión de entes instrumentales. Esta reducción del gasto ha venido de la eliminación de 294 puestos directivos –se planeó quitar 180- y del cierre de 113 entidades públicas, dos más que las anunciadas. Son los datos aportados por la Consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, en el Parlamento, quien asegura que cuenta con el aval del Gobierno central. Sin embargo, el PP lo niega, afirma que solo se han reducido 17 entes e insta al cumplimiento de los objetivos.

Aguayo defendió que “Andalucía ha cumplido” con los acuerdos del Consejo de Política Fiscal de 22 de marzo 2010, cuando se aprobó la puesta en marcha de planes para reducir hasta 525 entidades públicas en todo el Estado para ahorrar 1.500 millones. La Junta Andaluza prometió asumir el 20% de las bajas y el 7% del ahorro. Según Aguayo, se ha superado y el Ministerio de Hacienda lo ha certificado tras el último Consejo de Política Fiscal de 21 de marzo.

La consejera andaluza afirma que la Administración autonómica ha reducido un 2% más de entes de los previstos y eliminado 114 puestos directivos más de los programados, por lo que su grado de cumplimiento es muy superior al del conjunto de la Comunidades Autónomas, que cifró en el 88%.

El balance del PP es totalmente distinto, según las cuentas del portavoz del Grupo Parlamentario, Carlos Rojas, quien esgrimió las cifras aportadas por el Ministerio de Hacienda para asegurar que la Junta solo ha reducido 17 de los 380 entes públicos andaluces.

Las afirmaciones de Rojas responden al balance oficial del Gobierno central, que cuenta con una “reducción neta” de 111 entidades de las que constan como suprimidas solo 17. Las 96 restantes, hasta las 113 cifradas por Aguayo, estaban en “proceso de extinción” el pasado mes de octubre.

Sin embargo, la Junta detalló al Ministerio que esas 96 no están operativas porque una se dio de baja después del balance oficial de octubre y la actividad de las otras 95 "cesó".

Rojas aprovechó los números que le convenían del balance para reclamar al presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, a “cumplir” los objetivos para salir de la crisis. Según el PP, la Administración autonómica es “mastodóntica” y solo ha logrado reducirse en un “4,47%” desde 2010, circunstancia que achacó a la “irresponsabilidad” y a las “poquísimas ganas del bipartito por eliminar los entes que aún tiene que eliminar de su Administración paralela” y que podrían suponer un ahorro de “1.000 millones”. Esta reducción de gasto supondría dos tercios del ahorro previsto por todas las autonomías.

Aguayo mantuvo que Andalucía ha cumplido por encima de lo previsto y recriminó al PP que critique a la Junta la existencia de entidades instrumentales que utilizan en los Ayuntamientos que gobiernan y que su discurso se fundamente en “demonizar cualquier gasto ligado a servicios fundamentales”. “Persiguen la eliminación de la sanidad y la educación públicas”, replicó Aguayo al PP en comisión parlamentaria, donde recordó las palabras de la dirigente conservadora Esperanza Aguirre instando a recortar más.

Aguayo también defendió que las resoluciones judiciales del Tribunal Supremo sobre los distintos conflictos planteados en el plan de reorganización del sector público “confirman la plena legalidad” de los procesos de integración del personal de las agencias. Y destacó que estas resoluciones se han incorporado como jurisprudencia en el TSJA.

Finalmente, tras defender que el sector público andaluz es “eficaz, dimensionado y está plenamente avalado”, Aguayo se comprometió a seguir colaborando con el grupo creado en el Consejo de Política Fiscal para evitar “duplicidades”, competencias compartidas por distintas entidades como las relacionadas con la cultura y que llevan a cabo ayuntamientos, diputaciones y Gobiernos.

Tampoco IU, socia del PSOE en el Gobierno de la Junta, respaldó el balance de Aguayo. La diputada Rosalía Martín afirmó que la creación de entes instrumentales causó una disminución del empleo público de la Administración general y un menor control que desembocó, según su opinión, en “reinos de Taifas”.

“Seguimos teniendo una inmensa red y se percibe cierta parálisis”, aseguró Martín, quien argumentó que a los trabajadores de las agencias ni se les puede encargar ni se les puede integrar. En este sentido, reclamó también una reforma de la Administración Pública pero, a diferencia del PP, aseguró que esta debe hacerse bajo la premisa de que “no sobran empleados públicos”.

La diputada de IU propuso la creación de una sociedad mercantil que “asuma los contratos subrogados” y que están en conflicto con los funcionarios mientras se negocia y se esperan las resoluciones judiciales.

José Caballos, del PSOE, se sumó a las tesis de Aguayo para afirmar que “la derecha desprestigia lo público para abrir paso a la iniciativa privada”. “Las recetas neoliberales del PP le sientan a Andalucía como a un santo dos pistolas”, afirmó