El Gobierno tiene “pocas esperanzas” de recuperar la extra de los funcionarios

El Gobierno vasco tiene pocas esperanzas de que el Tribunal Constitucional le dé la razón en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto ante el alto tribunal para tratar de evitar la supresión de la extra de las pasadas navidades de sus empleados públicos. El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, ha realizado tras el Consejo de Gobierno de este martes una valoración de la resolución del pleno del Tribunal Constitucional, que ha decidido no levantar la suspensión del pago de la extra.

Erkoreka ha considerado que, aunque la resolución no se adentra en el fondo de la cuestión, la competencial, en su argumentación sobre si se debe o no levantar la suspensión queda claro cuáles son las prioridades del Constitucional, contrarias a las pretensiones tanto del actual como del anterior Ejecutivo autonómico. En este sentido, ha calificado de “francamente preocupante” el hecho de que se defiendan los compromisos con los objetivos de déficit por encima de otros aspectos, como el reparto competencial.

Y es que, aunque el portavoz ha reconocido que el auto conocido ayer “no prejuzga, en puridad está pronunciándose solo sobre el incidente de suspensión”, la “contundencia con la que prioriza los objetivos de déficit del Estado y los compromisos internacionales adquiridos” sobre otras cuestiones como el reparto competencial “no permite albergar demasiadas esperanzas” de que se “revierta” la situación.

El Gobierno está ahora preocupado por la “inseguridad jurídica” en la que la resolución judicial deja a 12.000 trabajadores eventuales que entre julio y diciembre cobraron al finalizar su contrato la proporción que les correspondía de la extra de navidad, pagos que ascienden a ocho millones de euros. El Ejecutivo pidió al Constitucional que aclarase qué criterio debe seguir al respecto, si debe o no reclamar estas cantidades, pero el TC no entra en esta cuestión. Erkoreka ha señalado que ellos no reclamarán estas cuantías a los empleados eventuales y que será quien esté en el Gobierno dentro de “tres, cinco o siete años”, los que tarde el TC en resolver el recurso de inconstitucionalidad, el que deba decidir al respecto.

Asimismo, ha afeado que el pleno del alto tribunal califique de “extravagante” el hecho de que los funcionarios vascos reciban un tratamiento diferente al de los trabajadores de otras administraciones.

Sobre otra resolución, esta del Parlamento, que el pasado jueves aprobó con los votos a favor de EH Bildu, PSE y UPyD reclamar al Gobierno que derogue el decreto por el que el Ejecutivo autonómico eleva a 1.614 horas la jornada de los trabajadores autonómicos. Erkoreka ha censurado con dureza una resolución pactada por grupos que, a su juicio, defienden cuestiones diametralmente opuestas pero que se unen únicamente para “castigar” al Gobierno.

En este sentido, ha aclarado que los verdaderamente castigados serán, si se cumple la resolución parlamentaria, los empleados públicos, porque al derogar el decreto, que a su vez derogó las normas que lo contradecían de igual o mayor rango al entrar en vigor, deja a los trabajadores autonómicos sin normativa en esta materia.

El vacío, ha añadido Erkoreka, supondría que los trabajadores públicos vascos se rigiesen por la normativa estatal, que eleva las horas a 1.664. Erkoreka ha eludido aclarar si el Gobierno asumirá o no el mandato de la Cámara. La decisión en manos del Ejecutivo, porque las decisiones del Parlamento son instancias que pueden ser atendidas o no.