La Junta destina 120 millones adicionales al plan contra la exclusión social

Más de 100.000 personas se beneficiarán de algunas de las medidas previstas en el decreto

María Jesús Montero, consejera de Salud, se dirige con el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, a explicar el decreto contra la exclusión social tras su aprobación.
María Jesús Montero, consejera de Salud, se dirige con el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, a explicar el decreto contra la exclusión social tras su aprobación.Paco Puentes

Medidas excepcionales para una situación de emergencia social. La realidad que arrojan los datos es la siguiente: hay medio millón de hogares en Andalucía en el que todos sus miembros están en paro; el desempleo afecta a 1.473.000 andaluces (36,8%); existen 33.868 personas mayores de 65 años (2,6%) en riesgo de pobreza severa; y 72.000 niños (5,6%) en esa misma situación. Para amortiguar este dramático panorama, el Gobierno andaluz destinará este año 120 millones de euros adicionales a diferentes programas contra la lucha contra la pobreza, a los que ya se destinan 74 millones. Este dinero ya está pintadoen los Presupuestos autonómicos aunque su ejecución estaba pendiente de la aprobación de la norma. Este programa va a obligar a trabajar con la máxima tensión a los servicios sociales autonómicos y municipales.

El Ejecutivo de coalición de PSOE e Izquierda Unida aprobó ayer el decreto ley de Medidas Urgentes contra la Exclusión Social que actúa en cuatro frentes: contrataciones laborales a través de los Ayuntamientos; garantizar la comida a menores y mayores en riesgo de exclusión; mantenimiento del servicio de ayuda a domicilio para salvar ente 2.000 y 2.500 empleos tras los drásticos recortes a la ley de la Dependencia; y el aumento en 44 millones de la partida del llamado salario social, que tendrán que detraerse de otras partidas del Presupuesto andaluz en vigor, cuya cuantía global es de 30.706 millones de euros. “No se trata de que aquí haya más pobreza que en otros sitios, sino de dar una respuesta valiente y no mirar para otro lado como aquellos que piden paciencia”, dijo la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero.

Desde hace dos semanas, el contenido del decreto —que no se tramitará como proyecto de ley y al que, por lo tanto, los grupos parlamentarios, no podrán presentar enmiendas—, ha ido conociéndose a través de lo dicho por Susana Díaz (Presidencia), Diego Valderas (vicepresidencia y Administración Local) y la propia Montero, tres de las consejerías implicadas además de la de Educación que dirige Mar Moreno. Se trata de la segunda medida de calado que aprueba el Gobierno de coalición en su primer año de mandato, tras el decreto de la vivienda que frena los desahucios a personas en riesgo de exclusión.

La medida más llamativa es la de garantizar que los escolares sin recursos reciban tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y merienda). En la actualidad menos de la mitad de los 200.000 menores que comen a diario en centros escolares de Andalucía lo hacen de manera gratuita. Se trata de 72.000 niños que reciben esta ayuda en función de la renta de sus padres y de ellos, 46.800 podrán beneficiarse también del desayuno y la merienda, según las estimaciones de Salud y Bienestar Social. ¿Cómo se van a dar esos menús? En el caso de los niños cuyos centros carecen de comedores, se articulará a través de ONG y entidades sin ánimo de lucro, con los que ya hay una estrecha colaboración. Serán los servicios sociales comunitarios los que deberán emitir informes para comprobar qué niños tienen derecho a estas tres comidas. Y en los centros donde sí hay este servicio, las dos comidas adicionales se darán el día anterior con el almuerzo. Durante las vacaciones escolares esta ayuda no se interrumpirá y se facilitará al menos una comida en campamentos de verano localizados en zonas de actuación social preferente, localizadas en las zonas urbanas. Alrededor de 5.500 menores se podrán acoger a esta medida.

La Consejería de Educación ya destina este año 70 millones de euros a cubrir las bonificaciones de comedor y el desayuno y la merienda supondrá dos millones de euros más.

Esta actuación forma parte de un plan de solidaridad alimentaria, dotado con 16 millones de euros, en el que también está previsto ampliar las ayudas de comedor a 12 centros de mayores, de los que se podrán beneficiar 7.500 personas mayores de 65 años. Un millar de ellos recibirán esa comida a domicilio.

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La mayor tarta del presupuesto se lo lleva el llamado Plan de Acción Social, dotado con 60 millones de euros. Este programa actúa en materia laboral en dos direcciones: por un lado, mediante la contratación de personas a través de los Ayuntamientos (40 millones) y por otro, el reforzamiento de las ayudas a domicilio de los dependientes, con el que se persigue que la falta de financiación estatal en materia de Dependencia salven entre 2.000 y 2.500 puestos de trabajo, la mayoría de ellos desempeñados por mujeres.

La Junta dará a los Ayuntamientos que lo soliciten ayudas para contratar entre 15 días y tres meses a personas desempleadas y en riesgo de exclusión que desempeñarán actividades “de especial interés para la comunidad”. Los requisitos que se exigen para solicitar este trabajo son varias: llevar en paro más de un año, que la unidad familiar perciba menos de 1,5 del Iprem (798 euros) al mes y estar en riesgo de exclusión. Pero acreditar esta situación no dará derecho automático al puesto de trabajo, sino que se priorizarán las contrataciones de aquellas personas en las que todos los miembros de la familia estén desempleados, pertenezcan a una familia numerosa o en las que haya al menos haya un menor de edad. También puntuará ser residente en zona de necesidades de transformación social, tener dependientes a su cargo o ser víctima de violencia de género.

El salario de estos contratos será de 1.000 euros mensuales, incluidas las cotizaciones sociales. La Junta va a pedir al Gobierno que la exención del pago de estas cuotas para recuperar 14 de los 40 millones presupuestados. Sus estimaciones son que 47.000 personas pueden ser contratadas con esta fórmula

La ayuda a domicilio para personas a dependientes dispondrá de 20 millones. Con esta medida no se trata tanto de crear empleo como el de evitar la destrucción de entre 2.000 y 2.500 puestos de trabajo por los recortes de financiación en la ley de la Dependencia. Montoro dijo que estas ayudas se darán a dependientes moderados, hasta ahora fuera de la prestación.

Las cifras de los programas de actuación incluidos en el decreto

El decreto contra la exclusión social trata de proteger a las familias más vulnerables. Los programas contarán con 120 millones de euros adicionales a los 74 millones ya presupuestados.

El decreto incluye un Plan Extraordinario de Acción Social de Andalucía, con una dotación de 60 millones de euros; el Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria, con 16 millones, y las modificaciones normativas para agilizar procedimientos relativos al Ingreso Mínimo de Solidaridad y al Programa de Solidaridad para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía, que supondrán unas inversiones adicionales de 44 millones de euros.

Para ayudas a las corporaciones, dentro del programa de Acción Social, se destinan 40 millones de euros para la contratación laboral de desempleados y en riesgo de exclusión social, por un periodo de entre 15 días y tres meses. La prioridad serán familias con todos sus miembros en paro, numerosas con menores de edad o residentes en zonas con necesidades de transformación social; las personas con discapacidad o en situación de dependencia, y las familias monoparentales y víctimas de violencia de género con hijos. El programa permitirá emplear a más de 47.000 personas.

Financiación de servicios de ayuda a domicilio con 20 millones de euros para paliar la disminución de la aportación estatal al sistema de atención a la dependencia. En este caso, la previsión es de entre 12.000 y 15.000 beneficiarios con un promedio de 20 horas de servicio, así como el mantenimiento de 2.000 puestos de trabajo.

Cuatro millones ya presupuestados para entidades de recogida, acopio y distribución de alimentos.

12 millones de euros para crear una la red solidaria alimentaria (216.000 menús diarios durante un año en los comedores sociales), reforzar bonificaciones de los precios de comedor escolar (de los 72.000 menores con almuerzo asegurado, 46.800 tendrán también desayuno y merienda); los centros de personas mayores (12.700 accederán a menús baratos, 7.500 más que el año pasado) y la ampliación de las ayudas temporales a familias en riesgo de exclusión (se beneficiarán 17.000 hogares y 33.000 menores más, con lo que esta prestación atenderá a un total de 22.552 familias y 45.259 niños).

Agilización de los trámites relativos al Ingreso Mínimo de Solidaridad. En 2012 fueron 54.893 las solicitudes para este programa, al que se destinaron 69,3 millones de euros, cifra que aumenta ligeramente en los presupuestos de 2013. De acuerdo con el Decreto Ley, esta cantidad se verá reforzada con una dotación extraordinaria de casi 44 millones de euros.

La situación que ha motivado la aprobación de este programa especial vía decreto viene marcada por: el aumento de los hogares con todos sus miembros en paro y sin ingresos (de 33.200 en 2007 a más de 100.000 en 2012), el empeoramiento de los indicadores de bienestar en menores (72.200 viven en hogares con privación material severa) y mayores (33.868 en situación de exclusión social) y los drásticos (-68%) recortes en el Sistema de Atención a la Dependencia entre los años 2011 y 2013.

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