La Junta destina 120 millones adicionales al plan contra la exclusión social

Medidas excepcionales para una situación de emergencia social. La realidad que arrojan los datos es la siguiente: hay medio millón de hogares en Andalucía en el que todos sus miembros están en paro; el desempleo afecta a 1.473.000 andaluces (36,8%); existen 33.868 personas mayores de 65 años (2,6%) en riesgo de pobreza severa; y 72.000 niños (5,6%) en esa misma situación. Para amortiguar este dramático panorama, el Gobierno andaluz destinará este año 120 millones de euros adicionales a diferentes programas contra la lucha contra la pobreza, a los que ya se destinan 74 millones. Este dinero ya está pintadoen los Presupuestos autonómicos aunque su ejecución estaba pendiente de la aprobación de la norma. Este programa va a obligar a trabajar con la máxima tensión a los servicios sociales autonómicos y municipales.

El Ejecutivo de coalición de PSOE e Izquierda Unida aprobó ayer el decreto ley de Medidas Urgentes contra la Exclusión Social que actúa en cuatro frentes: contrataciones laborales a través de los Ayuntamientos; garantizar la comida a menores y mayores en riesgo de exclusión; mantenimiento del servicio de ayuda a domicilio para salvar ente 2.000 y 2.500 empleos tras los drásticos recortes a la ley de la Dependencia; y el aumento en 44 millones de la partida del llamado salario social, que tendrán que detraerse de otras partidas del Presupuesto andaluz en vigor, cuya cuantía global es de 30.706 millones de euros. “No se trata de que aquí haya más pobreza que en otros sitios, sino de dar una respuesta valiente y no mirar para otro lado como aquellos que piden paciencia”, dijo la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero.

Desde hace dos semanas, el contenido del decreto —que no se tramitará como proyecto de ley y al que, por lo tanto, los grupos parlamentarios, no podrán presentar enmiendas—, ha ido conociéndose a través de lo dicho por Susana Díaz (Presidencia), Diego Valderas (vicepresidencia y Administración Local) y la propia Montero, tres de las consejerías implicadas además de la de Educación que dirige Mar Moreno. Se trata de la segunda medida de calado que aprueba el Gobierno de coalición en su primer año de mandato, tras el decreto de la vivienda que frena los desahucios a personas en riesgo de exclusión.

La medida más llamativa es la de garantizar que los escolares sin recursos reciban tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y merienda). En la actualidad menos de la mitad de los 200.000 menores que comen a diario en centros escolares de Andalucía lo hacen de manera gratuita. Se trata de 72.000 niños que reciben esta ayuda en función de la renta de sus padres y de ellos, 46.800 podrán beneficiarse también del desayuno y la merienda, según las estimaciones de Salud y Bienestar Social. ¿Cómo se van a dar esos menús? En el caso de los niños cuyos centros carecen de comedores, se articulará a través de ONG y entidades sin ánimo de lucro, con los que ya hay una estrecha colaboración. Serán los servicios sociales comunitarios los que deberán emitir informes para comprobar qué niños tienen derecho a estas tres comidas. Y en los centros donde sí hay este servicio, las dos comidas adicionales se darán el día anterior con el almuerzo. Durante las vacaciones escolares esta ayuda no se interrumpirá y se facilitará al menos una comida en campamentos de verano localizados en zonas de actuación social preferente, localizadas en las zonas urbanas. Alrededor de 5.500 menores se podrán acoger a esta medida.

La Consejería de Educación ya destina este año 70 millones de euros a cubrir las bonificaciones de comedor y el desayuno y la merienda supondrá dos millones de euros más.

Esta actuación forma parte de un plan de solidaridad alimentaria, dotado con 16 millones de euros, en el que también está previsto ampliar las ayudas de comedor a 12 centros de mayores, de los que se podrán beneficiar 7.500 personas mayores de 65 años. Un millar de ellos recibirán esa comida a domicilio.

La mayor tarta del presupuesto se lo lleva el llamado Plan de Acción Social, dotado con 60 millones de euros. Este programa actúa en materia laboral en dos direcciones: por un lado, mediante la contratación de personas a través de los Ayuntamientos (40 millones) y por otro, el reforzamiento de las ayudas a domicilio de los dependientes, con el que se persigue que la falta de financiación estatal en materia de Dependencia salven entre 2.000 y 2.500 puestos de trabajo, la mayoría de ellos desempeñados por mujeres.

La Junta dará a los Ayuntamientos que lo soliciten ayudas para contratar entre 15 días y tres meses a personas desempleadas y en riesgo de exclusión que desempeñarán actividades “de especial interés para la comunidad”. Los requisitos que se exigen para solicitar este trabajo son varias: llevar en paro más de un año, que la unidad familiar perciba menos de 1,5 del Iprem (798 euros) al mes y estar en riesgo de exclusión. Pero acreditar esta situación no dará derecho automático al puesto de trabajo, sino que se priorizarán las contrataciones de aquellas personas en las que todos los miembros de la familia estén desempleados, pertenezcan a una familia numerosa o en las que haya al menos haya un menor de edad. También puntuará ser residente en zona de necesidades de transformación social, tener dependientes a su cargo o ser víctima de violencia de género.

El salario de estos contratos será de 1.000 euros mensuales, incluidas las cotizaciones sociales. La Junta va a pedir al Gobierno que la exención del pago de estas cuotas para recuperar 14 de los 40 millones presupuestados. Sus estimaciones son que 47.000 personas pueden ser contratadas con esta fórmula

La ayuda a domicilio para personas a dependientes dispondrá de 20 millones. Con esta medida no se trata tanto de crear empleo como el de evitar la destrucción de entre 2.000 y 2.500 puestos de trabajo por los recortes de financiación en la ley de la Dependencia. Montoro dijo que estas ayudas se darán a dependientes moderados, hasta ahora fuera de la prestación.