Mover el tablero

Hay que ser ceporro o reaccionario a piñón fijo para no ver que esta democracia está hecha unos zorros, y además hiede. Desde la más alta hasta la más modesta de sus instituciones, estatales o autonómicas, está sumida en un descrédito que se acentúa a medida que la crisis económica se agrava y las expectativas de bonanza se reducen a la verborrea oficial que asegura un cambio perceptible de coyuntura mientras que el último censo de desempleados nos sitúa al límite de la emergencia. No ha de extrañar que a la par con el cabreo o la desolación galopante cunda la desafección política de la ciudadanía, o de su mayor parte. Recuperarla para la causa democrática exigirá de los partidos —decimos de los progresistas, obviamente— algo más que parches y discursos para salir del foso. Y por ahí se apunta.

Esta semana, en el debate parlamentario habido en las Cortes Valencianas, la diputada de Compromís, Mònica Oltra, postuló nada menos que instar al Congreso para emprender un proceso constituyente y alumbrar una nueva Constitución que restaure la justicia en “materia social y territorial” y, en definitiva, que aproxime realmente el poder a la ciudadanía. O sea, que “no vale mover ficha, sino mover el tablero”, como dijo la citada portavoz. Contó con los votos de EU; el PSPV convino con el fondo, pero no con la forma —tan moderados ellos—, y del PP, una dama preguntó si acaso no teníamos democracia en este país. Sí, señora, pero por estos pagos —aunque no solo— está corrompida por los desvergonzados que han medrado a la sombra del erario y de la laxitud, cuando no de la complicidad, de los gobernantes populares, los suyos, opacos y a menudo tramposos a lo largo de más de tres lustros.

Casi al tiempo, el secretario general de los socialistas, Ximo Puig, ha presentado un documento titulado Propuesta de reacción democrática con el que, mediante 75 medidas regeneradoras, trata de sacudir la caspa y los vicios que han ido enmoheciendo la política. Todas y cada una de las aludidas medidas se nos antojan pertinentes para el saneamiento de la vida pública y a buen seguro que, de haber estado vigentes, esta no hubiese degenerado tanto. Transparencia en todos los órdenes, supresión de funciones de los imputados y del aforamiento de los procesados por corrupción, supresión de sobresueldos y donaciones a los partidos, prolongar el plazo de prescripción de los delitos de corrupción e investigación permanente de esta y, además de otras medidas, elecciones primarias para elegir al líder, como parece que será la norma del PSOE. En fin, un dispositivo pensado para disuadir a los arribistas tanto como para recuperar en lo posible la confianza y respeto del ciudadano.

Solo una puntualización. Del mentado documento y de lo aquí expuesto se desprende el plausible interés del partido por disuadir las malas tentaciones y castigar el delito. Bien está, pero sin menoscabo de estas normas internas, lo procedente sería potenciar la especializada Fiscalía Anticorrupción, dotándola de recursos personales y materiales para que la ley se aplicase con prontitud y no ad calendas graecas, o sea, cuando no queda ni memoria del desmán. Con una instrucción diligente y eficaz de los asuntos es muy probable que no hubiesen florecido escándalos como Gürtel, Brugal, Emarsa, Carlos Fabra, Cooperación y etcétera, inmunes todos ellos al Código Ético que proponía el PP. Sin justicia de calidad, no hay democracia que valga.