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Trias no descarta tributar a la hacienda catalana pese a su pacto con el PP

El alcalde y el PP se alían para defender sus políticas de vivienda

Un momento de la sesión del pleno municipal celebrado el viernes.
Un momento de la sesión del pleno municipal celebrado el viernes.

Convergència i Unió y el Partido Popular prácticamente han roto sus relaciones en el Parlament pero ayer volvieron a demostrar que Barcelona es una especie de isla que va por libre. Los nacionalistas y populares circunscriben su alianza en el Consistorio al desbloqueo de 197 millones de euros en inversiones, pero la realidad es que ayer también se defendieron mutuamente de las críticas de los partidos de izquierda sobre sus políticas de vivienda. La pinza se visualizó una vez más en el pleno del Ayuntamiento, que también demostró la capacidad del alcalde Xavier Trias para vivir el día a día de la mano del líder del PP, Alberto Fernández Díaz, y de abrir la puerta a que en otoño el Consistorio pague sus impuestos a la Agencia Tributaria de Cataluña, dependiente de la Generalitat, para que esta después los entregue a la Administración central.

Trias dribló la petición de Jordi Portabella, líder de Unitat per Barcelona (UpB), para que Barcelona deposite ya sus impuestos en ese organismo de la misma forma que lo han hecho una decena de pequeños municipios como Arenys de Munt o Gallifa. Trias recordó que esa medida no es aún legal y que no se debe de improvisar. “No haremos un brindis al sol”, zanjó, aunque a renglón seguido avanzó que CiU presentará la propuesta en octubre cuando el mecanismo, dijo, ya esté activado, de acuerdo con los planes de la Generalitat. “Y claro que traeremos este punto al pleno y lo votaremos a favor”, añadió.

La agenda de la implantación del ente no está clara. Francesc Homs, portavoz del Gobierno catalán, estimó que la agencia funcionaría antes del verano. En cualquier caso, tampoco está claro que esa apuesta prospere en el Ayuntamiento porque CiU (14 concejales) y UpB (2) están en minoría frente al resto de grupos (12 PSC, 9 PP y 5 Iniciativa). De hecho, Portabella ya no se atrevió en marzo a proponer al pleno que votara el ingreso de Barcelona en la Asociación de Municipios por la Independencia porque era consciente de que la iba a perder. Portabella vio en Trias una falta de voluntad política y este, a su vez, le afeó sus prisas. “Para llegar al Estado que usted aspira”, le recriminó, “hay que hacer las cosas bien. Tienen que hacerse dentro de la legalidad”.

La dirección de Convergència tiene la percepción —y no digamos ya la de Unió, radicalmente contraria— que ERC aprieta demasiado el acelerador en el proceso soberanista. La cuestión es que el Gobierno catalán no puede contener a los republicanos porque depende de ellos para aprobar las cuentas. Trias no tiene esa hipoteca y tiene un aliado en el PP. Artur Mas, presidente de la Generalitat, en más de una ocasión se ha desmarcado tanto de quienes quieren ir demasiado de prisa (ERC) como de los que se oponen y no tienen prisa alguna.

El pleno aprueba definitivamente el primer paquete de inversiones

La dirección del PP ya ha avisado por activa y por pasiva que no aprobará las cuentas de Mas mientras persista en su vía soberanista. Y, ayer mismo, Enric Millo, número dos del partido, invitó al Ejecutivo de CiU a olvidarse de las “tomaduras de pelo” secesionistas y a centrarse en el paro. Mientras hacía estas críticas desde el Parlament, los votos del grupo de Fernández Díaz y los de CiU aprobaban el primer paquete de inversiones en Barcelona por 103 millones.

El PP dijo que el acuerdo lo motivaba “la responsabilidad” de que la ciudad no se pare, por tener los presupuestos prorrogados. CiU no solo agradeció el gesto, sino que salió a defender a su socio en otros momentos del debate. Fernández Díaz propuso que los pisos vacíos y pendientes de construir por empresas públicas (unos 3.000) fueran destinados a alquiler social. Aunque PSC e ICV-EUiA votaron a favor de la proposición, la calificaron de “cínica e hipócrita”, pues consideran que el mensaje que envía el Gobierno central es otro y, entre otras cosas, se criminaliza a los movimientos antidesahucios. UpB se abstuvo. El tercer teniente de alcalde, Antoni Vives, defendió a Fernández Díaz y le dijo al antiguo bipartito que “es muy difícil no quedarse perplejo cuando en esta ciudad no se ha hecho ni única política social en vivienda”.