El Supremo acusa a un magistrado de “asesorar” a un empresario del ‘caso ITV’

El magistrado Joaquín José Ortiz Blasco está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por su participación en el caso ITV, la presunta trama corrupta que pretendió amañar concursos públicos en Cataluña. El Tribunal Supremo (TS) ve “indicios racionales” de delito suficientes para llevar a Ortiz a juicio por prestar “asesoramiento y consejo” a un empresario amigo suyo con intereses en el mercado de las ITV. El magistrado preside desde 2009 la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que es la encargada, precisamente, de resolver los recursos sobre las concesiones en ese sector.

El Supremo ha concluido la investigación y ha dado traslado a la fiscalía para que solicite, en su caso, la apertura de juicio oral. El auto concluye que Ortiz pudo haber cometido un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios y abuso en el ejercicio del cargo. El Código Penal castiga ese delito con multa y con una suspensión de empleo de hasta tres años. Los indicios que recoge el escrito del alto tribunal son abrumadores y tocan de lleno el corazón del caso ITV, en el que está imputado, entre otros, el número dos de Convergència Democràtica de Catalunya, Oriol Pujol Ferrusola.

En 2010, el tripartito de izquierdas, que entonces comandaba la Generalitat, adjudicó un lote de tres estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos a la empresa Atisae. En diciembre, el empresario Ricard Puignou, de la empresa Certio, interpuso un recurso ante la Sección Quinta, presidida por Ortiz, para pedir que se anulase el concurso de forma cautelar porque la decisión no se había motivado. Seis meses después, en mayo de 2011, el magistrado imputado le dio la razón y acordó las medidas cautelares.

El proceso, sin embargo, no fue neutro: estuvo marcado por la estrecha relación entre el magistrado y su “amigo” Puignou, según el auto del Supremo. En la causa figuran decenas de correos electrónicos que ilustran cómo Ortiz “orientó” a Puignou y le ayudó a resolver asuntos de su interés particular. Con los consejos del magistrado, el empresario pudo “adoptar decisiones con antelación”.

El auto del Tribunal Supremo concluye que la conducta del magistrado “no puede cobijarse bajo un intento legítimo de mediación”

Uno de esos correos data de octubre de 2010. Puignou explicó al magistrado que Atisae había resultado adjudicataria de uno de los lotes. Ortiz le contestó unos días después con un comentario: “Chapuzas hasta en el recuento”. Antes de presentar formalmente el recurso ante el TSJC, Puignou remitió al magistrado un “borrador o proyecto” del texto. Ortiz, de nuevo, le contestó anticipándole su “visto bueno”, señala el TS. “He podido leer el escrito y hablar con Romá Miró [abogado de Certio]. Le he dado mi OK. Confírmale que por vuestra parte puede presentarlo. Ya hablaremos despacio. Un abrazo, Joaquín”. Puignou le da las gracias.

Como presidente de la Sección Quinta, Ortiz resolvió multitud de recursos judiciales que interpusieron las empresas del sector, inmersas en una batalla por el plan de estaciones de ITV del Gobierno catalán. El magistrado solo fue ponente, sin embargo, en el recurso de Certio. También, en la sentencia que, finalmente, tumbó el concurso público con el argumento de que, al consolidar un régimen de autorizaciones, el tripartito catalán había atentado contra la libre competencia.

Entre las medidas cautelares y la sentencia, Ortiz mantuvo diversas reuniones. Una de ellas, un almuerzo con dos abogadas de la Generalitat que han declarado como testigos en la causa. Ese encuentro, que fue seguido por los investigadores, es lo único que había trascendido sobre la implicación del magistrado en el caso ITV. Hasta ahora. El 22 de febrero de 2012, Ortiz cenó con Puignou y con el jefe de este, Enrique Marugán, en el restaurante “habitual”. Al día siguiente, Puignou llamó a Josep Tous, nombrado mediador de la Generalitat en el conflicto de las ITV, para decirle que “el juez” (Ortiz) iba a reunirse con las letradas.

El auto del Tribunal Supremo concluye que la conducta del magistrado “no puede cobijarse bajo un intento legítimo de mediación”. Entre otras cosas, porque la mediación “no es posible mediante reuniones privadas solo con una de las partes interesadas”. Menos aún, razona el auto, cuando existe “una relación de amistad” con esa parte en conflicto. El TS remitió el auto de imputación al Consejo General del Poder Judicial para que este decrete, si procede, “la suspensión del aforado como magistrado”. El delito por el que está imputado afecta a cualquier “autoridad o funcionario” que preste servicio o asesoramiento “al servicio de entidades privadas o particulares” en asuntos en los que debe intervenir por razón de su cargo.

Además del magistrado y de Pujol, en el caso ITV están implicados tres empresarios (Puignou, Sergio Pastor y Sergi Alsina) y dos cargos públicos: Isidre Masalles, subdirector de Seguridad Industrial de la Generalitat, y el citado Josep Tous, que fue número dos de la Diputación de Barcelona hasta que estalló el escándalo, hace poco más de un año. Según los investigadores, todos ellos pretendieron tumbar el concurso de ITV para hacer uno a medida y lograr, además, otras adjudicaciones públicas en el sector energético. El dirigente nacionalista está imputado por tráfico de influencias: la fiscalía sospecha que usó su “peso político” para apoyar a la trama con el objetivo de “lucrarse personalmente”.