Aguayo defiende su libertad para señalar a los exconsejeros en los ERE

No fue una comparecencia fácil ni para la socialista Carmen Martínez Aguayo ni para la diputada popular Ana María Corredera. Ambas entablaron ayer un intenso debate a cuenta de las declaraciones efectuadas por la consejera de Hacienda y Administración Pública en una entrevista en Canal Sur Televisión, el pasado día 5, en las que elevó la responsabilidad política en el caso de los ERE a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández.

Aguayo rompió así la tesis oficial del PSOE de que la máxima responsabilidad de este fraude está en el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y generó una enorme sacudida en su partido porque algunos creyeron ver detrás de sus declaraciones al presidente de la Junta, José Antonio Griñán. También se lo creyó el PP, pero por otros motivos: según la también vicesecretaria de Organización del PP, Aguayo puso “en bandeja las cabezas” de Viera y Fernández para que las responsabilidades políticas no la alcanzaran ni a ella ni a Griñán, ya que como viceconsejera y consejero de Economía recibieron los informes de la Intervención en los que se advertía contra el procedimiento administrativo seguido para conceder las ayudas de los ERE. Aguayo siempre ha dicho que nunca trasladó esos informes a Griñán porque no detectaron menoscabo de fondos públicos.

Por estas palabras —“hay una responsabilidad in vigilando que atañe a los consejeros”, “tienen responsabilidad política, sin duda”— Aguayo compareció en el pleno del Parlamento a petición del PP. No rectificó lo dicho, ni se retractó, ni matizó, ni se escudó en ningún traspié tontucio, pero no quiso hacerle un regalo al PP y no volvió a repetirlas para que evitar que constaran en el diario de sesiones, como le retó de manera insistente Corredera.

La consejera esgrimió su “libertad de expresión” para exponer sus “opiniones personales” al igual que lo hace desde la sala de prensa de la Moncloa, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, tras las reuniones de los Consejos de Ministros. “¿Por qué no voy a poder hacerlo en una entrevista?”, se preguntó.

La Aguayo que ayer subió a la tribuna era muy distinta de la Aguayo consejera de Hacienda que habla de números, porcentajes, financiación y déficit. Sobre todo porque el día anterior el PP lanzó una denuncia contra su marido, al que acusó de cobrar de manera irregular unos 40.000 euros por asesorar en temas urbanísticos al Ayuntamiento de Burguillos (Sevilla). Corredera sacó el tema pero al final de su primera intervención y como de pasada. La consejera reiteró que la denuncia era falsa y aseguró que acudirá a los tribunales todas las veces que haga falta para defender su honor.

De hecho, ha presentado una demanda civil contra el presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno, por vincularla con la trama del fraude de los ERE.

Corredera no basó el grueso de su intervención en esa vía, sino en apuntar a la responsabilidad política de Aguayo en el caso. “Le pido su dimisión por acción u omisión del deber, porque conocía, ocultaba y archivaba los informes de la Intervención”, dijo la popular, para quien la consejera ha preferido ponerse de “parapeto” de Griñán.

Y Aguayo no siguió esta senda porque considera que las responsabilidades políticas ya fueron aclaradas en la comisión de investigación del Parlamento. Su defensa se basó en denunciar la estrategia de “infamia” del PP, al que acusó de “compartimentos medievales e inquisitoriales” para amedrentarla con “prácticas pseudomafiosas”.

En su comparecencia, Aguayo estuvo arropada por casi todo el Gobierno. Pero hubo dos ausencias significativas en el pleno: en el banco verde del Ejecutivo faltó Griñán, quien se marchó del Parlamento antes de que Aguayo comenzara hablar. En la bancada del PP, faltó su líder regional, Juan Ignacio Zoido, quien en ese momento asistía como alcalde de Sevilla a la entrega de unas becas en un colegio mayor.

[De otro lado, la juez del caso, Mercedes Alaya, ha bloqueado 84 cuentas de José González Mata, dueño de la aseguradora Uniter imputado en la última rama sobre el cobro de sobrecomisiones, así como de su esposa, de su empresa y de otras compañías de su propiedad. El objetivo es asegurar las responsabilidades civiles que pudieran recaer en el futuro “y, en su caso, la restitución de los fondos ilícitamente obtenidos del erario público” de Andalucía", afirma en un auto, informa Efe.]