Medio Ambiente eliminó la prohibición en un coto para que cazaran sus técnicos

En el verano de 2009, durante un almuerzo informal, un técnico de la Consejería de Medio Ambiente, dirigida entonces por Juan Cotino, contó a un agente medioambiental que había sido invitado por la empresa Iberdrola a cazar un muflón macho, en pleno mes de julio, en el coto de Quesa (Valencia) gestionado por la empresa Gama Medio Ambiente. El agente, sorprendido, le enseñó la documentación que prohíbe cazar machos de muflón en esas fechas y el técnico le dijo que, siendo así, no iría a cazar. Pero días más tarde y sin que se hubiera puesto en contacto con la consejería para comentar el caso, el agente recibía por fax una sorpresa: una copia idéntica de la documentación en la que, esta vez, se autorizaba a cazar muflones en el coto todo el año. Contenidos iguales, el mismo autor y la misma fecha de firma, pero con el periodo de autorización sustituido por la frase “todo el año”. La Consejería de Medio Ambiente abrió una investigación para esclarecer esta presunta falsificación documental pero la cerró sin sanciones ni culpables.

La empresa Gama Medio Ambiente, gestora hasta 2012 del coto de Quesa, era propiedad de los hermanos David y Juan Miguel Burgui Oltra, ingenieros técnicos de montes. Juan Miguel Burgui es coordinador del departamento de caza de la empresa pública Vaersa y gestiona lo relativo a la caza en la Comunidad Valenciana junto al gabinete de la consejería, liderado por Juan Theureau de la Peña.

Al recibir el fax con la supuesta copia de la resolución de caza y ver que contradecía claramente la anterior, el agente envió un informe a la Consejería de Medio Ambiente para que tomara cartas en el asunto. En él, el agente cuenta que días antes del almuerzo con el técnico que le informó de la cacería, le había visto paseando por los terrenos del coto en un coche de la empresa Iberdrola, tripulado por otra técnico de caza de la consejería y por dos personas más.

Aunque en el informe no aparecen los nombres de los pasajeros del coche, diversas fuentes aseguran que se trataba de Miguel Selma Calpe, técnico de los Servicios Territoriales y hermano de una magistrada del Tribunal Superior de Justicia valenciano, y María José Modesto, que sigue trabajando como técnico en los servicios territoriales de caza, remitentes del fax con la resolución modificada.

La Consejería de Medio Ambiente abrió una investigación sobre esta presunta falsificación documental y pese a la claridad de los hechos, el expediente quedó en nada. María Teresa Ibáñez Simó, entonces jefa de servicio en la consejería, participó en la investigación interna del caso y asegura que el expediente “se archivó”. “Prefiero no dar más datos porque es información privada”, dice al otro lado del teléfono de su despacho de la Consejería de Sanidad donde trabaja. Fuentes de Medio Ambiente informan de que según el expediente del que dispone la consejería, “no se puede deducir que haya habido ninguna irregularidad en el informe que permite cazar durante todo el año”. “Si nosotros, o alguien, ve que hay irregularidad y va al juzgado, lo revisaremos”, añaden estas mismas fuentes.

La comparación de los documentos enviados es cuanto menos curiosa. Firmados ambos en la misma fecha, 31 de mayo 2007, presentan estructura, autor, vigencia (hasta 2012) y contenido idénticos, excepto en los periodos de autorización. El cuño y la firma del autor están en posiciones ligeramente diferentes.

La consejería abrió una investigación y la cerró sin tomar ninguna medida

La modificación de las fechas de caza de un coto debe estar debidamente justificada por un cambio de criterio que, en este caso, no se produjo. A la inexistencia de un informe que indique la idoneidad o excepcionalidad de la medida, se une el hecho de que, incluso aunque se hubiera justificado, el firmante de la resolución ya no trabajaba en la consejería en 2009 y, por lo tanto, aunque hubiera sido pertinente el cambio, la firma no podía ser la suya. El autor, Manuel Ignacio Prieto Honorato, salió en 2007 de la consejería para ocupar un puesto en la Fundación de la Comunidad Valenciana para el Medio Ambiente. Es por eso que, en 2009, momento en que se envió el fax con las fechas modificadas, Prieto ya no trabajaba en la dirección territorial y era imposible que hubiese firmado la nueva resolución.

Las dos copias del informe enviadas por el agente a la consejería tenían como destinatarios a la directora general de medio natural, María Ángeles Centeno y al jefe de servicio de caza y pesca, Juan Theureau. Ante la negativa de Theureau a hacer declaraciones si no media el gabinete de comunicación de la Consejería, se solicitó, sin éxito, a dicho departamento que ponga a este periódico en contacto con él.

La entonces directora general de Medio Natural, María Ángeles Centeno, dice no saber siquiera que se hubiese abierto una investigación: “Me parece tan extraño como le parece a usted. No sé el motivo y no recuerdo haber visto el informe encima de mi mesa”. Centeno asegura que “no es extraño” que no se haya enterado de esta investigación porque, según cuenta, “pasan expedientes a tutti plen” por la consejería y en ocasiones se gestionan las denuncias sin informar a los directores generales.

La que fue directora general de Medio Natural dice que se fiaba de sus trabajadores: “Cuando veía una cosa que me chirriaba lo paraba, o lo preguntaba, pero no puedes estar siempre pensando que toda la gente que hay tiene un cargo o tiene algo detrás porque entonces no se firmaría absolutamente nada”.