Morera pide que la Generalitat cobre los impuestos y retenga lo que necesite

El portavoz de Compromís propone una soberanía fiscal compartida con el Estado

Enric Morera, durante la presentación de su propuesta de concierto económico responsable.
Enric Morera, durante la presentación de su propuesta de concierto económico responsable.José Jordán

La Generalitat recaudaría todos los impuestos directos a través de una Agencia Tributaria Valenciana y “retendría el importe íntegro de su presupuesto y el importe correspondiente al pago de las inversiones territorializadas”. Después, haría una transferencia a la Administración central en concepto de los servicios que presta y para la solidaridad. Esta es, en esencia, la fórmula del Concierto Económico Responsable que propone la Coalició Compromís como modelo de financiación autonómica. El portavoz de la formación, Enric Morera, lo explicó ayer en un acto organizado por el grupo municipal en Valencia.

Morera describió su propuesta, no como “un sistema de financiación propiamente dicho”, sino como un método, que ha de concretarse en una negociación tras el trabajo de técnicos en la materia, “para resolver el grave problema de financiación que hemos sufrido históricamente los valencianos”. La aportación de Compromís al debate abierto en todos los sectores por el déficit de financiación de la Generalitat Valenciana, parte del criterio de lo que denomina “un sistema de soberanía fiscal compartida”.

Morera indicó que el País Valenciano paga al Estado español, de acuerdo con el criterio del beneficio, 23.000 millones de euros mientras recibe 20.000 millones, lo que supone un déficit de 3.000 millones (3,42% respecto del PIB). De acuerdo con el criterio del flujo monetario, el déficit se eleva a 5.600 millones (6,4% del PIB) ya que la Generalitat aportaría 25.000 millones y recibiría 19.000 millones. “Los estudios hechos en países de tipo federal o confederal vienen a decir”, explicó el dirigente de Compromís, “que el déficit óptimo de las regiones contribuyentes netas no debería superar el 3% de su producto interior bruto (PIB) para que no se vea afectado su crecimiento y la viabilidad de su estado del bienestar”.

El nuevo modelo ha de “partir de cero”, señala el dirigente de la coalición

“Los valencianos”, recordó Morera, “somos la décima comunidad autónoma española en renta per cápita y somos superados por el País Vasco, Madrid, Navarra, Cataluña, Baleares, Murcia, La Rioja, Aragón, Cantabria y Castilla-León. En cambio, los valencianos somos los terceros contribuyentes netos en tanto por ciento del PIB pero los únicos contribuyentes netos con una renta per cápita inferior a la media española”. Dicho de otra manera, la Comunidad Valenciana tendría que ser receptora neta de fondos del Estado en concepto de solidaridad al estar por debajo de la media y en cambio contribuye con 5.500 millones de euros.

Según Morera, “las comunidades autónomas han de tener capacidad para proveer de más y mejores servicios públicos, y por eso han de poder alterar el esfuerzo fiscal de sus ciudadanos, y soportar los posibles costes y beneficios electorales que se puedan derivar de aumentar o reducir los impuestos”. Eso conduce a la propuesta de Compromís de que, además de la capacidad de recaudar, la Generalitat disponga de “capacidad normativa plena sobre los tributos sin otra limitación que las directrices comunes que se establezcan con la Unión Europea y el Estado” en relación con el IVA y los impuestos especiales.

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“Un nuevo modelo de financiación para los valencianos ha de partir de cero sin tener en cuenta el statu quo establecido en modelos precedentes”, explicó Morera. “El hecho de que cada nuevo modelo ha incorporado la cláusula del statu quo en la que nadie podía empeorar su situación anterior ha sido uno de los motivos del déficit en la financiación de los valencianos”. El portavoz de Compromís añadió que “las necesidades actuales de la Generalitat no son inferiores a los 15.000 millones de euros anuales para no producir más déficit”. Compromís propone un mecanismo bilateral de renovación o revisión del concierto económico.

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