Botella extiende el copago a la teleasistencia de los ancianos

Las dos terceras partes de los pensionistas de Madrid deberán pagar por el servicio de teleasistencia (un dispositivo móvil que los mayores portan y que pueden pulsar en caso de urgencia) y que presta el Ayuntamiento de la capital. La cantidad que abonarán puede ascender a 12 euros mensuales. IU ya anuncia que se opondrá y califica la medida de “impresentable”.

Si hasta ahora solo un 2% de los usuarios abonaban su coste, desde julio, un 66% deberá destinar una parte de su pensión para mantener este servicio. El nuevo contrato con las concesionarias, aprobado por la Junta de Gobierno, incluye también un recorte de los “gastos directos e indirectos”. Esto, traducido, significa que se reduce el personal que atiende las llamadas de los mayores.

Hasta el momento solo pagaban por esta asistencia los que cobraban la pensión máxima contributiva y tenían menos de 80 años, pero ahora abonarán una parte del coste todos los que tengan una pensión superior a los 460 euros. De las 2.650 personas que lo financiaban antes, se pasa a 87.609. El pago por este servicio, que desde que se implantó ha sido gratuito para la mayoría de los usuarios, se dividirá en cinco tramos. Aquellos que superen los mil euros al mes tendrán que pagar el máximo: 12 euros. Entre los 460 y los 615 abonarán tres euros; entre 615 y 768, seis euros y entre 768 y 1.000 euros, nueve.

Los nuevos beneficiarios de teleasistencia comenzarán a pagar esta cantidad a partir del 1 de julio. A los que ya cuentan con el interruptor, se les aplicará el copago desde el 1 de enero de 2014. Unas 132.741 personas reciben actualmente este servicio. Esta cifra incluye a más de 2.600 usuarios menores de 65 años con algún tipo de discapacidad. El 45% de los mayores de 80 años dispone de él.

Servicios de Teleasistencia, Asispa y UTE Personalia y Servicios de Telemarketin son las tres empresas con las que se ha prorrogado el contrato. Estas adjudicatarias recibirán casi 88 millones de euros por gestionar el servicio hasta 2016. El Consistorio asegura que ha ahorrado un 8% con respecto al contrato que firmaron en la anterior ocasión con estas empresas.

El contrato de prórroga con las sociedades que se ocupan de este servicio social incluye también, por motivos de ahorro, la reducción de personal y la restricción de las llamadas que los empleados realizan a los mayores para comprobar cómo están. El coordinador general de Familia y Servicios Sociales, Carlos Martínez, asegura que se mantendrán los “estándares de calidad” y que estos ajustes responden a “una racionalización necesaria”. Martínez no cree que la ampliación del copago a un segmento tan amplio provoque bajas, porque se ha aplicado la progresividad al cobro.

Los que tengan un riesgo bajo recibirán una llamada al mes. Los operadores telefonearán dos veces por semana a los que vivan solos y no puedan valerse. Hasta ahora, los servicios sociales llamaban una vez al mes a cada beneficiario sin diferenciar su condición. Según el Ayuntamiento, el pasado año el 3,80% de los mayores con el interruptor mostraban un “riesgo moderado” y el 4,40% estaban en una situación asistencial en la que necesitan “la máxima atención”.

El nuevo contrato se debatirá hoy en la comisión de Servicios Sociales. Izquierda Unida emitirá su voto en contra. “Es totalmente injustificable. No es de recibo que en una situación de crisis el equipo de gobierno decida empeorar la calidad de un servicio fundamental para los mayores y, encima, pedirles dinero por su prestación”, apunta la portavoz de esta área en IU, María Prado de la Mata.

El Ayuntamiento de Madrid se suma así al de Torrejón de Ardoz (PP), que fue el primero en empezar a cobrar por este servicio. Aunque en el caso del Consistorio torrejonense, los usuarios tendrán que abonar la totalidad del coste (entre 22 y 30 euros mensuales).