El PP tiene al 40% de sus ediles en Orihuela imputados y no toma medidas

“No vamos a comentar nada, es un tema local”, “allí cada partido sabrá lo que está haciendo” o “abrir un expediente no es un tema de imputados”. Estas son las contestaciones de los gabinetes de prensa del Partido Popular en Valencia, Alicante y Orihuela a la pregunta de cuál es su posición ante la situación política de la formación en Orihuela. Con cinco de sus 12 concejales envueltos en procesos judiciales, más del 40% de la bancada, ¿han abierto expediente al menos a la ex alcaldesa Mónica Lorente, actual portavoz de la oposición y diputada provincial? Solo una voz con cargo accede tras ser preguntada tres veces a confirmarlo. Pero desde el anonimato: “sí, tiene un expediente informativo” y sigue manteniendo sus funciones de responsabilidad. Pero el silencio oficial en las filas populares lleva a pensar que el principal temor del partido es evitar cualquier encontronazo con la agrupación local que desencadene una escisión como ya ha sucedido en otras ciudades del territorio alicantino, todo un papelón que requiere de muchos malabarismos para el PP.

En cada pleno del Ayuntamiento de Orihuela, Mónica Lorente está rodeada de tres ediles imputados y uno ya condenado sin posibilidad de revisión de condena. En los próximos meses, la actual diputada del Ciclo Hídrico se sentará en un banquillo después de que el pasado noviembre un juzgado oriolano le abriera un juicio oral por prevaricación, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos por ejecutar una obra antes de adjudicarla y firmar su contrato. Se enfrenta a una posible inhabilitación por haber ejecutado y reformado la plaza pedánea del Escorratell antes de adjudicarse y firmarse el contrato de la obra con la empresa Roni’s2, propiedad de un familiar político de la actual presidenta del PP local, Pepa Ferrando. Lorente arguyó en su declaración en el juzgado que todo se debió a un error administrativo sin intencionalidad.

El PP poco dice ante los micrófonos y poco alarde hace de la política de tolerancia cero contra la corrupción que Alberto Fabra pregona. Incluso no siendo el juicio oral la única causa en el horizonte de la política oriolana. El contrato de la basura de la ciudad y su adjudicación, el punto de partida de todo el caso Brugal, engloba a una buena parte de la bancada popular. Si la exalcaldesa habrá de declarar por supuesta prevaricación, revelación de información privilegiada, actividades prohibidas a autoridades, tráfico de influencias y fraude, también habrán de hacerlo por distintas causas los actuales concejales del PP, que están imputados, David Costa, José Manuel Cutillas y Araceli Vilella.

Fue el pasado otoño cuando el PP procedió a la apertura de un expediente informativo a Lorente, hecho nunca trascendido oficialmente. Hasta tres fuentes consultadas echaron balones fuera la semana pasada sobre la existencia de ese expediente. La respuesta más elocuente vino de las oficinas populares de Valencia cuando se preguntó qué condiciones necesita reunir un político imputado para que se le habrá un expediente. La respuesta: “cruzar la línea roja de Alberto Fabra”. Es decir, todo cargo imputado que dependa del presidente puede ser apartado de funciones de portavocía o expedientado a semejanza de lo ocurrido con Rafael Blasco, alejado por Fabra de su puesto de responsabilidad. No es el caso de Lorente: sigue de portavoz de la oposición y de diputada provincial encargada del ciclo hídrico, una materia capital para la mitad sur de la provincia alicantina.

Para más inri, los exediles Antonio Lidón, Manuel Abadía, Ginés Sánchez y Antonio Rodríguez Murcia también están imputados. Y la fiscalía también estudia solicitar la imputación de la exregidora en la rama de Brugal que trata la adjudicación del vertedero del plan zonal de la Vega Baja en base al video de un acto público de 2010 en el que supuestamente se ve cómo Lorente adelantaba a los vecinos el cambio de ubicación antes de que se aprobara.

El caso del concejal oriolano Roberto López también es paradigmático. López fue condenado en firme el pasado febrero por la Audiencia Provincial por una falta de lesiones leves y amenazas a una mujer con 900 euros de multa. La sala consideró probado que cogió a una integrante de la comisión de fiestas de una pedanía oriolana por el cuello ocasionándoles moratones en una trifulca entre varias personas en la que participó también su mujer. ¿Tiene expediente? En el PPCV no lo saben. Y en la agrupación local de Orihuela dicen que no tienen capacidad de expedientar. En la agrupación provincial apuntan a que “no nos metemos en nada local”. Y la fuente que prefiere guardar su anonimato se limita a explicar cómo se debe actuar según el estatuto del partido: “Estatutariamente, cuando alguien es imputado se le ha de abrir un expediente informativo, luego pasa a ser un expediente de análisis y si hay sentencia condenatoria, de expulsión. Hasta la condena, las actas son personales y cada cual hace lo que cree”. Roberto López sigue con su acta, su puesto y su condena.

Las preocupaciones del PP no acaban solo en el pleno municipal de Orihuela, una ciudad que comenzaron a gobernar en 1987 bajo las siglas de Alianza Popular y que perdieron en 2011. La apertura de un juicio oral en Castellón ha empujado al mismísimo Carlos Fabra, tótem popular en Castellón por lustros, a dimitir como presidente de Aerocas. Mónica Lorente no ha dimitido de nada. Dicho sea de paso, tampoco ha contestado ninguna de las tres llamadas de este periódico. Tiene poder: el 57% de los afiliados locales de Orihuela votaron su opción para dirigir el partido local. La posibilidad de que ocurra una escisión en el partido como ha pasado en Elche, Benidorm, Alcoi o Villena está sobre la mesa aunque en el PP provincial digan que “aquí nadie se ha ido del partido”.