Medio Ambiente fuerza la ley para favorecer al hermano de un alto cargo

En enero de 2011 en el coto de Sumacàrcer, gestionado por la empresa Gama Medio Ambiente, se empezó a cazar el tordo y la perdiz con reclamo al mismo tiempo, hecho que constituye una infracción grave de la ley de caza de la Comunidad Valenciana en la que se prohíbe expresamente esta práctica simultánea. La Guardia Civil, al comprobar que se estaba produciendo esta ilegalidad, preguntó por escrito a la Consejería de Medio Ambiente sobre el alcance de la infracción para redactar la denuncia. La respuesta del Gobierno valenciano fue sorprendente. En lugar de explicar qué multa debía imponerse, autorizaba la práctica de la caza en el coto, a pesar de lo que dice la ley. Nunca hubo denuncia. La sanción prevista por la normativa habría supuesto una multa de hasta 3.000 euros e inhabilitación para cazar de hasta dos años.

La sorpresa es menor si se sabe el quién es quién en esta historia. El administrador de Gama Medio Ambiente, gestora del coto de Sumacàrcer, es David Burgui, hermano de Juan Miguel Burgui, un cargo del gabinete técnico de caza de Vaersa, con el que compartió la propiedad de su empresa hasta 2009. Además, el autor de la respuesta oficial, Juan Theureau de la Peña, trabaja estrechamente con Juan Miguel desde hace años en su puesto de jefe de servicio del departamento de caza de la Consejería.

En la resolución enviada a la Guardia Civil, la Dirección General de Medio Natural autorizaba a Sumacàrcer a cazar las dos modalidades y además permitía que lo hicieran también todos los demás cotos de caza de la Comunidad Valenciana. Los argumentos de la Consejería forzaban la ley para hacer coincidir las prácticas del coto con la legalidad.

Una empresa de un directivo de Vaersa gestiona el coto de Sumacárcer

La ley de caza prohíbe expresamente cazar de forma simultánea tordos y perdices con reclamo, en el mismo “espacio cinegético” o coto. Para poder esquivar la ley, el Plan Técnico de Sumacàrcer dividía el coto en dos parcelas, llamadas cuarteles, para cazar en uno al tordo y en otro a la perdiz. Pero según la ley los cuarteles no son espacios cinegéticos y por lo tanto, aunque en cada uno se practicase una modalidad, en el conjunto de los terrenos del coto se estaba cazando las dos especies infringiendo la ley.

El autor del documento, Juan Theureau, reinterpretó la ley argumentando que los cuarteles sí son espacios cinegéticos. La Guardia Civil, al recibir la respuesta, no pudo sino acatar la decisión y suspender el procedimiento sancionador.

Contactado en múltiples ocasiones, el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) no quiso finalmente hacer declaraciones pese a haber autorizado una entrevista con el superior del agente que participó en este caso.

El jefe de servicio de caza y pesca, Juan Theureau, manifestó en alguna ocasión su interés en que el contenido de esta resolución no se difundiese pese a que, según él mismo había redactado, “esta interpretación es extrapolable a otros casos”. Preguntado por este tema, Juan Theureau de la Peña se niega a responder si no es a través del gabinete de prensa que remite directamente al director general de medio ambiente, Alfredo González, quien justifica la decisión. “Esa es una interpretación que se tomó hace tiempo y que no ha sido puesta en duda por nadie. Dentro de ese concepto de espacio cinegético tendría cabida también el cuartel”, explica González. Preguntado por la contradicción evidente de esta resolución con el contenido de la ley, el Director General de Medio Natural no ve ilegalidad: “En principio no hay un reglamento de la ley de caza que es donde tiene que ajustarse todo esto. Es una interpretación que nosotros creemos ajustada a la ley”.

La ley multa con 3.000 euros la caza simultánea de perdices y tordos

Cuando se pregunta por la coincidencia de que el coto estuviera gestionado por la empresa Gama Medio Ambiente, González evita una respuesta directa “creo que hay un conflicto entre varias personas que lo que no tiene que hacer es mezclarse con la consejería. Ahí no quiero entrar”.

Diversas fuentes apuntan a que Medio Ambiente, a través del Departamento de Caza y Pesca, contrató en varias ocasiones a la empresa de los hermanos Burgui para realizar trabajos, entre otros, un estudio de depredadores de la Muela de Cortes de Pallás. Alfredo González Prieto dice desconocerlo: “Yo no tengo conocimiento de esa circunstancia y desde luego yo no he firmado nada. Si ha sido hace años no lo sé”.

Vicente Martínez, presidente del coto vecino de Navarrés dice que se enteró porque se lo contaron. “Los socios se me echaron encima porque no comprendían por qué en Sumacàrcer se podía cazar así y en Navarrés, no”, explica.

La Federación de Caza de la Comunidad Valenciana asegura que conocía este hecho. “En cuanto tuvimos conocimiento a través del presidente de Navarrés, nos pusimos en contacto con el Seprona, que nos confirmó lo que había ocurrido, y con Juan Theureau, que nos explicó que esa era su interpretación”, cuenta Román Samper, responsable del gabinete técnico.

Samper dice que están satisfechos con que se pueda cazar así y no quieren cambiar: “El malestar que nos creó esto fue porque se realizó por motivos interesados”.