Un imputado en el ‘caso Blasco’ defiende la legalidad de las ayudas

Mientras la presidenta del Tribunal Superior valenciano, Pilar de la Oliva, repasaba los escandalosos datos de corrupción política, en la misma sede judicial prestaba declaración Marcial López, presidente de la Fundación Cyes, imputado en el caso Blasco, uno de los más graves, en el que se investiga el desvío de seis millones de euros destinados por la Generalitat a países del Tercer Mundo.

López, ya condenado por malversación de fondos públicos cuando era presidente del Colegio de Enfermeros de Castellón, está acusado de participar, en 2008, en una de las grandes operaciones de la trama que, según la Fiscalía Anticorrupción, lideraban el siete veces consejero y aún diputado autonómico, Rafael Blasco, y el empresario Augusto César Tauroni. Se trata de la supuesta apropiación de 1,8 millones de euros de ayudas públicas que debían servir en su mayor parte (1,66 millones) para abrir pozos y mejorar la agricultura en Nicaragua y que, en cambio, terminaron en la compra y reforma de dos pisos en Valencia y en las cuentas de una de las muchas empresas vinculadas a Tauroni. A Nicaragua llegaron algo más de 50.000 dólares.

López, siguiendo la línea que han adoptado muchos de los más de treintena imputados que acumula la causa, se negó a responder a más preguntas que a las de su abogado y defendió la legalidad del procedimiento de concesión y aplicación de las ayudas públicas.

El imputado solo contestó un par de preguntas de la magistrada, María Pía Calderón. Una de ellas se refería a la declaración que López prestó el año pasado, en la que afirmó que Tauroni y Joaquín Blasco (de la Fundación Hemisferio) le cooptaron para que optase a los proyectos que tenía en marcha la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía. Ayer, sin embargo, López no recordaba ese extremo.

El presidente de la Fundación Cyes insistió en que su idea, en la que habría seguido los consejos de la Fundación Hemisferio, era contar primero con una sede en Valencia (los pisos que compró) y remitir dinero a Nicaragua solo a partir del tercer año en que hubiera recibido ayudas públicas.