Los juzgados valencianos investigan 141 casos de corrupción política

Los ciudadanos están cada vez más preocupados por los casos de corrupción, que han escalado hasta convertirse en el segundo problema de los españoles, como refleja el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas. Según los datos oficiales que ayer ofreció la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, Pilar de la Oliva, la alarma ciudadana está fundada. Los juzgados valencianos investigan 141 causas “que podríamos etiquetar como de corrupción, en los que están imputados políticos en activo”, declaró la magistrada

Aunque los casos que más atención generan son aquellos en los que están implicados aforados —diputados autonómicos o miembros del Gobierno autonómico—, la presidenta del TSJ reveló que un partido judicial aparentemente anodino como el de Ibi instruye en estos momentos 17 causas de corrupción política. Torrevieja, siete. Dénia y Nules, 11 cada uno. Y Orihuela, 43.

Junto a los casos de corrupción, en la comunidad autónoma se investigan otras 200 causas “de especial complejidad, en las que se investigan tramas de crimen organizado, tráfico de drogas, en ocasiones con más de una veintena de imputados, con comisiones rogatorias muy dificultosas, requisitorias varias... Sólo los tres juzgados de instrucción de Dénia investigan más de 60 de esas causas”, siguió De la Oliva.

La juez consideró los números “suficientemente elocuentes”. “Precisamente por esos datos, porque no queremos que esas cifras crezcan, pedimos refuerzos, medios y recursos”.

De la Oliva hizo las declaraciones durante la recepción de 17 nuevos jueces, un número que consideró insuficiente. “Hasta hace bien poco no éramos una prioridad política”, “más allá de promesas bien empaquetadas, de declaraciones de intenciones y pequeños y tímidos intentos de modernización”; “ahora, con independencia de las intenciones, hay una realidad dominante: no hay recursos o hay pocos”, afirmó la presidenta del TSJ, que advirtió de la “agónica” situación en la que se encuentran muchos juzgados.

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, y el vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, Fernando de Rosa, coincidieron en considerar insuficiente la nueva partida de jueces. De Rosa señaló que el Poder Judicial está especialmente preocupado por la acumulación de casos de corrupción en la Comunidad Valenciana, Baleares y Andalucía. Tres territorios mediterráneos donde el dinero fluyó con fuerza durante los años del boom inmobiliario.

El vicepresidente del consejo destacó a su vez la situación extrema de la comarca de La Vega Baja (su capital es Orihuela), al sur del territorio valenciano, donde considera necesario una “reunión al más alto nivel” entre el Ministerio de Justicia, el CGPJ, la Consejería de Justicia y el TSJ para afrontar la avalancha de casos de corrupción. Frente al carácter “coyuntural” de algunos picos de causas de corrupción en ciertos municipios, entre los que mencionó a Ibi, De Rosa afirmó que el problema de La Vega Baja es “estructural”, y los refuerzos judiciales que se han enviado allí hasta ahora han sido engullidos por el pozo sin fondo en que se ha convertido la comarca.

El vicepresidente del Poder Judicial consideró que el mismo problema estructural, aunque no solo por los casos de corrupción sino también como consecuencia de la crisis, se da también en el sur de Castellón (Vila-real), la comarca de La Marina y el cinturón industrial de Valencia.