Desestimado el recurso del Gobierno contra la ley de archivos valenciana

El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso interpuesto por el Gobierno central, en septiembre de 2005, contra la ley valenciana de archivos, por entender que invadía competencias reservadas al Estado al afectar a archivos de titularidad estatal.

El recurso se interpuso contra el hecho de que la norma incluyera en el sistema de archivos valenciano el archivo de la Corona de Aragón (de titularidad y gestión estatal), el del Reino de Valencia, el de Castellón, el de Alicante y el de Orihuela, que aunque de titularidad estatal son de gestión autonómica.

La sentencia, emitida el pasado 14 de marzo y publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), considera que la ley valenciana "respeta escrupulosamente" el orden de distribución competencial al diferenciar entre los archivos "valencianos" y los que son de "titularidad estatal".

La norma, continúa el auto, "excluye de su ámbito de aplicación el régimen jurídico de los archivos de titularidad estatal", e insiste en que, aunque de manera "imprecisa", da a entender que estos son incluidos "solo en cuanto a su calificación como elementos del sistema archivístico autonómico".

En este sentido, señala que la ley lo dispone "expresamente" cuando establece que los archivos de titularidad estatal incluidos en el sistema valenciano "se regirán por la legislación estatal".

Más allá del "juicio que merezca, desde la perspectiva de la técnica legislativa, que una ley califique como elementos del sistema autonómico archivos que no quiere ni puede regular", el tribunal "debe limitarse a valorar si tal calificación y sus consecuencias legales son conformes a la Constitución".

Algo que, "de acuerdo con el canon de constitucionalidad", se cumple, por lo que da a la ley valenciana "una calificación constitucionalmente aceptable", ya que la transferencia de la gestión "no conlleva la atribución de la potestad reglamentaria".

En su recurso, el Gobierno central consideraba que con la inclusión en el sistema archivístico valenciano del Archivo de la Corona de Aragón, la Generalitat se extralimitó de las competencias y atribuciones que asumió en su propio Estatuto de Autonomía, vulnerando las competencias estatales.

Igualmente, consideraba que el Archivo de la Corona de Aragón afecta a los intereses de otras comunidades autónomas (Baleares, Cataluña y Aragón), como así lo avalan sus respectivos estatutos de Autonomía.

En su momento, la Consejería de Cultura dirigida por Alejandro Font de Mora entendió que la ley valenciana de archivos no chocaba contra la Constitución "porque en ningún momento cuestiona la titularidad de los archivos, sino que los integra en el sistema archivístico valenciano como han hecho otras comunidades". "La Comunidad Valenciana quiere estar en el Archivo de la Corona de Aragón en igualdad de condiciones que otras comunidades, ni más ni menos", sentenció el entonces consejero Font de Mora.