El Tribunal Constitucional suspende parte de la ley valenciana de Archivos

El Tribunal Constitucional ha suspendido temporalmente parte de la ley valenciana de Archivos tras atender el recurso presentado por el Gobierno, que considera que la Generalitat invade competencias estatales. La parte del articulado suspendida se refiere a la inclusión en el sistema valenciano de archivos de titularidad estatal como el de la Corona de Aragón, el Reino de Valencia o los históricos de Castellón, Alicante y Orihuela.

El TC ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra el artículo de la Ley valenciana de Archivos que incluía en el sistema autonómico el Archivo de la Corona de Aragón y otros de titularidad estatal y, en consecuencia, ha suspendido temporalmente su aplicación. En una providencia, el Tribunal Constitucional acuerda la admisión del recurso y da traslado del mismo al Congreso, al Senado, al Consell y a las Cortes Valencianas para que en el plazo de quince días puedan personarse en la causa y formular sus alegaciones.

Dado que el Gobierno invocó en su recurso el artículo 161.2 de la Constitución (que le permite suspender temporalmente normas autonómicas que recurre ante el TC) la alta instancia judicial decreta efectivamente la suspensión de la vigencia y aplicación del precepto impugnado. De acuerdo con la Constitución, esta suspensión de las normas autonómicas, que es automática una vez que la pide el Gobierno, tiene una vigencia máxima inicial de cinco meses. Transcurrido ese tiempo, el TC deberá decidir si mantiene la suspensión hasta que dicte sentencia, lo que puede demorarse varios años, o permite su aplicación hasta entonces.

El Consejo de Ministros acordó el pasado 8 de septiembre interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 7.4a de la Ley de la Comunidad Valenciana de Archivos de 2005, por entender que "invade competencias reservadas al Estado" al afectar a archivos de titularidad estatal. El artículo recurrido detalla, entre los archivos que pasan a formar parte del Sistema Archivístico Valenciano, el de la Corona de Aragón (de titularidad y gestión estatal), así como el del Reino de Valencia y los Histórico Provinciales de Castellón y, Alicante y el Histórico de Orihuela, todos ellos de titularidad estatal y gestión autonómica.

El Gobierno entiende que, al incluir el Archivo de la Corona de Aragón, la ley valenciana ha extralimitado las competencias y atribuciones que asumió en su propio Estatut d'Autonomía y ha vulnerado las estatales. Igualmente, añade que el Archivo de la Corona de Aragón afecta a los intereses de otras comunidades autónomas (Baleares, Cataluña y Aragón), como consta en sus respectivos Estatutos de Autonomía. Además, asegura que el Archivo del Reino de Valencia y los Histórico Provinciales de Castellón y Alicante y el Archivo Histórico de Orihuela son archivos de titularidad estatal y gestión transferida a la Comunidad Autónoma, cuyas condiciones de gestión están pactadas y no pueden modificarse unilateralmente por la comunidad.

Fuentes del Consell reconocieron que esperaban esta resolución. Desde la Consejería de Cultura se remitieron a las declaraciones del titular, Alejandro Font de Mora, cuando el Gobierno anunció el recurso en septiembre. Entonce dijo que no creía que "la ley valenciana de Archivos vaya en contra de la Constitución, porque en ningún momento cuestiona la titularidad de los archivos, sino que los integra en el sistema archivístico valenciano como han hecho otras comunidades". "La Comunidad Valenciana quiere estar en el Archivo de la Corona de Aragón en igualdad de condiciones que otras comunidades, ni más ni menos", sentenció en su momento Font de Mora.

La ley valenciana de Archivos imitó a la aprobada por el Parlamento de Cataluña sobre la misma materia ante el temor de que esta autonomía lograse competencias y una posición de privilegio sobre la titularidad del Archivo de la Corona de Aragón.