La Generalitat rescata a 110 orientadores de los 236 que echó

Solo tres semanas después de prescindir de 236 orientadores del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC), el Gobierno catalán anunció ayer que volverá a contratar a 110 de ellos desde mediados de mayo hasta finales de año. Así mismo, rescatará para las oficinas de empleo a 50 funcionarios que, como los contratados rescindidos, también han trabajado en los últimos tiempos en las oficinas del SOC. En total, pues, el servicio catalán de empleo se reforzará con 160 orientadores pese a que la Generalitat aseguraba que si se prescindió de ellos fue por falta de fondos del Gobierno central.

Oficialmente, el Departamento de Empresa y Empleo aseguró ayer que los 160 orientadores se pagarán con un remanente de fondos y que su regreso se explica por la enorme preocupación del Ejecutivo por el paro, que roza el 25%. Otras fuentes del propio SOC aseguran, sin embargo, que la semana pasada se celebró en Madrid una previa de la Conferencia Intersectorial prevista para mañana y que durante la reunión el Gobierno central aseguró al catalán que este año no habrá recorte de fondos respecto a 2012, cuando sí hubo un recorte del 57% en los fondos destinados a políticas activas. La posibilidad de contar con unos 200 millones de euros permitiría recuperar a los orientadores.

Críticas de sindicatos

Los sindicatos, la oposición y los propios orientadores que el pasado 23 de marzo se quedaron sin trabajo al finalizar sus contratos protestaron por un adelgazamiento del servicio de atención a parados justo con el desempleo en máximos. El SOC tiene 1.310 empleados, sumando servicios centrales y sus 70 oficinas. Los críticos acusan al Gobierno de Artur Mas de estar “desmantelando” el SOC. Pero Empresa y Empleo siempre ha respondido que el error fue del tripartito, que engordó el SOC con profesionales cuyos contratos dependían de fondos ajenos.

Orientadores aparte, el consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig se ha comprometido a presentar antes de julio la reforma del SOC, una remodelación que heredó inacabada de su predecesor, Francesc Xavier Mena. La reforma pasa por modificar el modelo de atención a los parados basado en la orientación para que se formen y encuentren trabajo, pero también por la entrada en escena de las agencias de colocación y trabajo temporal que se acreditaron como intermediarias en 2011 y que aún esperan los convenios que les permitan trabajar para la Administración.