El (pen)último escalón de Camps

El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps se enfrenta este martes en el Tribunal Supremo al último peldaño de la “estrafalaria” escalera con la que el 7 de julio de 2009 comparó el caso de corrupción que acabó costándole la carrera política y aún le persigue. El alto tribunal se reúne para revisar la sentencia por la que un jurado dividido le declaró no culpable en enero de 2012 de cohecho pasivo impropio; haber aceptado 22 prendas de vestir regaladas por Álvaro Pérez, más conocido como El Bigotes, delegado en Valencia de la trama Gürtel y, por entonces, “amiguito del alma” del expresidente.

El Supremo avalará la inocencia de Camps y su ex número dos en el PP valenciano, Ricardo Costa, los condenará u ordenará repetir el maratoniano juicio. Pero parece improbable, en todo caso, que con ello terminen los problemas judiciales del expresidente, especialmente por lo que respecta a la rama valenciana del caso Nóos, en el que puede ser imputado junto a su antigua mentora, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Las fuentes jurídicas consultadas recuerdan que muy pocos recursos de casación prosperan. El que se dirime hoy, además, fue presentado por los socialistas valencianos sin el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, a pesar de que esta fue la que armó durante años la acusación. La negativa al recurso fue una de las primeras decisiones tomadas por la cúpula del ministerio público tras el nombramiento de Eduardo Torres-Dulce como fiscal general del Estado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Las mismas fuentes añaden, sin embargo, un elemento formal y otro de fondo que hacen pensar en que el recurso puede tener posibilidades. El primero fue el anuncio del alto tribunal de que su Sala Segunda se reuniría hoy para estudiar el caso. No es insólito, pero las fuentes señalan que ni está obligado a dar tal aviso ni es frecuente que lo haga.

El Supremo reabrió la causa después de que el TSJ valenciano la archivara en agosto de 2009

El segundo y más relevante elemento es que el llamado caso de los trajes no es desconocido para el Supremo. El alto tribunal ya reabrió la causa después de que la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior valenciano, que entonces presidía otro buen amigo de Camps, Juan Luis de la Rúa, lo archivara en agosto de 2009, en contra del criterio del juez instructor, José Flors. Ese archivo llegó menos de un mes después de que el expresidente pronosticase que solo le quedaban “uno o dos escaloncitos” para verse libre de la causa.

El Supremo observó indicios de delito al reabrir el caso en mayo de 2010. Y reprochó al tribunal valenciano que su interpretación del cohecho pasivo impropio (aceptar dádivas que se ofrecen en atención al cargo) suponía en la práctica suprimir la figura de ese delito. La sala presidida por Juan Luis de la Rúa consideró erróneamente que para que el delito se consumase era necesario que el receptor de los regalos desplegase a cambio alguna actividad.

Una equivocación técnica en la que, según el recurso de casación, también incurrieron los cinco miembros del jurado, legos en derecho, que absolvieron a Camps y Costa, frente a la opinión de otros cuatro.

La última bala de la acusación para cambiar el signo del caso explota, además, lo que considera una “manifiesta ausencia de motivación” y una errónea valoración de las pruebas.

La acusación alega una  “manifiesta ausencia de motivación” y una errónea valoración de las pruebas

El recurso redactado por el letrado Virgilio Latorre destaca que para concluir que los regalos no existieron, los cinco jurados se limitaron básicamente a remitir al testimonio de Isabel Jordán, exempleada de la trama. Jordán, que declaró en Valencia como testigo estando imputada en otras ramas del caso Gürtel y corría el riesgo de autoinculparse, dijo desconocer si había habido sobornos. Una afirmación que contradecía lo que había afirmado años antes, cuando fue grabada sin saberlo.

El recurso ahonda en el hecho de que el jurado se apoyó básicamente en las palabras de Jordán, que era un testigo de referencia (hablaba de lo que le habían contado). Sin motivar siquiera sucintamente por qué desechaba las declaraciones de una decena de testigos directos, la mayoría empleados de las tiendas, que coincidieron en que Camps y Costa recibieron la ropa, y que toda ella fue pagada por Pablo Crespo, lugarteniente de la red que lideraba Francisco Correa.

Crespo, coincidieron varios testigos, realizaba el abono al liquidar cuentas que la trama tenía abiertas en las tiendas, en las que figuraban también el exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos y el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret. Entre los cuatro, Gürtel se habría gastado algo más de 40.000 euros en prendas de vestir entre 2005 y 2008. Campos y Betoret admitieron los hechos cinco meses antes de que empezara el juicio a Camps. Betoret incluso devolvió parte de la ropa para suavizar la multa a la que fue condenado.