El TSJ condena a Campos y Betoret a 9.600 euros y a devolver los trajes

El caso Gürtel, el mayor escándalo de corrupción política destapado en España en democracia, entró ayer en el capítulo de las condenas. El Tribunal Superior de Justicia valenciano declaró culpables de aceptar sobornos a Víctor Campos, número dos en el Gobierno del expresidente Francisco Camps, y a Rafael Betoret, jefe de gabinete de la Consejería de Turismo en el mismo periodo.

El fallo no resultó sorprendente porque ambos confesaron en julio. Pero estableció la mecánica seguida por la trama mafiosa liderada por Francisco Correa para "ganarse el favor" de cargos públicos con capacidad para tomar decisiones sobre materias en las que la red "mantenía importantes intereses económicos". Con estos antecedentes es difícil pensar que los otros dos imputados en el caso de los trajes, Camps y Ricardo Costa, puedan escapar a la misma suerte. Y cierra una trayectoria procesal en la que más de una decena de magistrados han considerado al tribunal valenciano competente para conocer los hechos, frente al último intento de la defensa de Camps de trasladar la causa al Supremo.

La sentencia condena a Campos y Betoret a pagar 9.600 euros cada uno, además de a entregar las prendas de ropa regaladas por la trama o su valor. En el caso del exvicepresidente, este asciende a 5.529 euros. En el del exjefe de gabinete, a 13.499 euros. El juez Juan Climent recuerda que se les castiga con arreglo al Código Penal vigente en el momento de los hechos por ser más favorable a los reos. La redacción actual prevé para el mismo delito una pena de entre seis meses y un año de cárcel así como la suspensión para desempeñar empleo o cargo público de uno a tres años.

La fecha del juicio de Camps y Costa se conocerá antes de dos semanas, según señalaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano citadas por Efe.El 20 de julio, cinco días después de que el juez José Flors dictara el demoledor auto en el que ordenaba la apertura del juicio oral, avalando las tesis de la Fiscalía Anticorrupción y la acusación socialista, Campos y Betoret decidieron ahorrarse el circo en el que previsiblemente se convertirán las sesiones ante el Tribunal del Jurado declarándose culpables. El abogado de Camps, Javier Boix, también llegó a presentar la confesión de su cliente. En el último momento, sin embargo, Camps se echó atrás, dimitió y decidió afrontar el juicio, a pesar de que la evolución de los acontecimientos había dejado su línea de defensa muy debilitada.

La sentencia establece que entre 2005 y 2008 los cabecillas de Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, "con el fin de ganarse la amistad, el mejor trato y el favor de algunos funcionarios y autoridades con importantes responsabilidades en altas instituciones y organismos de la Comunidad Valenciana, realizaron las gestiones necesarias para hacer llegar a estos de forma continuada" obsequios "para su uso personal, tales como trajes confeccionados a medida y otras prendas de vestir".

Campos recibió, "al menos", dos trajes, dos pantalones, una americana y un chaqué. A Betoret le regalaron, también al menos, 11 trajes, cuatro americanas, dos abrigos y un pantalón. La ropa fue adquirida en los establecimientos Milano y Forever Youg de Madrid y pagada por varias de las sociedades que conformaban el entramado empresarial de Gürtel.

Las prendas "se entregaban a sus destinatarios en Valencia, bien en sus propios domicilios, bien en la sede de la sociedad Orange Market o en el domicilio de Álvaro Pérez", que administraba la citada empresa. Este punto puede ser determinante para que el TSJV retenga la competencia de la causa frente a la pretensión de Camps.

Campos y Betoret aceptaron los regalos a sabiendas de que les eran entregados "en reiterada consideración al cargo público" que ejercían, "y desde el que podían tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre determinadas materias en relación con las cuales" Correa, Crespo y Pérez "mantenían importantes intereses económicos".

La trama obtuvo grandes beneficios de su relación con la Generalitat. Supuestamente, casi ocho millones de euros en contratos adjudicados a dedo y otros tres millones de los fondos destinados a la visita del Papa. Los cabecillas también participaron presuntamente en la financiación ilegal del PP regional.

Todo ello sigue siendo investigado por los tribunales, aunque dado el particular desarrollo procesal del caso Gürtel, con aforados de varias comunidades autónomas implicados, se siguen en distintos tribunales. El TSJV, además de la causa de los trajes, conoce de los supuestos delitos de financiación ilegal (delito electoral), falsificación en documento mercantil, cohecho y prevaricación en los que están imputados cinco diputados del PP: Costa, Vicente Rambla, Milagrosa Martínez, David Serra y Yolanda García. Y, además el extesorero del PP nacional, Luis Bárcenas, y la administradora del PP valenciano, Cristina Ibáñez.