El Síndic pide a Català que estudie la demanda real de clases en valenciano

Algunos alumnos realizan sus estudios en Primaria en valenciano y cuando llegan al Instituto no pueden seguir porque no hay programas autorizados en esta lengua por la consejería de Educación, debido a la falta de profesores. Esto es precisamente lo que denunció una familia de Aspe al Síndic de Greuges, José Cholbi.

El defensor del pueblo de los valencianos, tras analizar este caso, insta a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que dirige María José Català,  a elaborar, antes del próximo curso 2013-2014, un estudio sobre la demanda "real y efectiva" de la enseñanza en valenciano que permita hacer una "planificación adecuada del personal docente y de los recursos que posibilite a los alumnos que vienen de estudiar en líneas en valenciano tener la opción de continuar, racionalmente, el programa elegido en Educación Primaria en el paso a Secundaria".

Así figura en una recomendación del defensor del pueblo valenciano motivada por una queja de un padre de un instituto de Aspe (Alicante) que exponía que en el centro de estudios de su hija se había suprimido el Programa d'Incorporació Progressiva (PIP), que la niña había seguido durante la etapa de Primaria y primero de ESO, lo que consideraba un "abuso de autoridad".

La Consejería de Educación, por su parte, explicó que el centro sí tenía autorizado el PIP, un extremo que confirmó el director del instituto quien, no obstante, reconoció que no disponía de recursos autorizados por la administración para llevar a términos dicho programa lingüístico.

El Síndic recuerda que "no en todos los centros públicos y concertados se garantiza el mandato estatuario del derecho a una enseñanza en valenciano a todo el alumnado que lo desee" y añade que, con los datos ofrecidos por la propia Consejería, "es evidente la existencia de cierto desequilibrio de la oferta de programas de enseñanza en valenciano en ESO".

Cholbi concluye que "el derecho de los alumnos a la continuidad en ESO  Bachillerato de la modalidad lingüística elegida en Educación Primaria no parece garantizado, ya que, en muchos casos, tendrían que cursar aquellos niveles en un programa lingüístico diferente al seleccionado por sus padres al inicio de la escolarización y se estaría vulnerando el derecho a que la administración garantice la continuación de la escolarización en el programa en el que este matriculado en el centro adscrito".

En su resolución el Síndic explica que la propia política de planificación educativa "no ofrece la posibilidad de elegir la enseñanza en valenciano en todos los centros sostenidos total o parcialmente con fondos públicos o, sencillamente, no emprende la catalogación lingüística de las plazas docentes que atienden a la enseñanza Secundaria y el profesorado no posee los conocimientos suficientes de valenciano para impartir clase en esa lengua".

En cualquier caso, el Síndic reconoce que estas circunstancias constituyen "auténticos obstáculos para la superación de la, todavía, desigualdad existente del valenciano respecto al castellano y aleja el objetivo de que los alumnos, al final del ciclo educativo obligatorio, tengan un conocimiento oral y escrito de las dos lenguas cooficiales de la Comunidad, castellano y valenciano, en términos de igualdad efectiva y real".

Por todo ello, pide a la Consejería de Educación que, en el ámbito de sus competencias, "promueva la actuaciones oportunas, incluidas las presupuestarias, para garantizar el derecho de los alumnos valencianos a recibir la enseñanza del y en valenciano y que realice, antes del comienzo del próximo curso 2013-2014, un estudio sobre la demanda real y efectiva, que permita hacer una planificación adecuada del personal docente y de los recursos que posibilite a los estudiantes que viene de estudiar en líneas en valenciano tener la opción de continuar, racionalmente, el programa elegido en Primaria en su paso a la Secundaria".