_
_
_
_

Los socialistas recurren el archivo del caso del incendio mortal en la M-30

Los ediles piden que se investigue si se cometió el delito de homicidio imprudente, daños o contra los derechos de los trabajadores

F. Javier Barroso

El Grupo Municipal Socialista recurrió ayer el archivo de la causa penal abierta por el Juzgado de Instrucción número 21 por la muerte de dos trabajadores en un incendio ocurrido en el pozo 4 de la M-30 el pasado 26 de octubre. Los concejales Jaime Lissavetzky, Ruth Porta y Diego Cruz —personados en la causa— piden que se mantenga la investigación para determinar si se produjeron los delitos de homicidio imprudente, contra los derechos de los trabajadores o de daños, según el escrito de recurso.

Los socialistas acusan al auto firmado por la titular del Juzgado número 21, Mercedes Gutiérrez Suárez, de no entrar en el fondo de la investigación ni de haber aceptado las pruebas propuestas por ellos para conocer las circunstancias del accidente. El recurso mantiene que sí hubo relación de causa efecto entre el fallo de los sistemas antiincendios y las dos muertes: “Es evidente que, si dichos sistemas hubieran estado operativos y en funcionamiento, ni el incendio habría precisado más allá de la intervención de una persona con un simple extintor”, relata.

El escrito también se opone a la afirmación de que los fallecimientos se produjeron “pura y exclusivamente” por la imprudencia de los finados. Se basan para ello en que algunos testigos declararon ante la policía que los fallecidos accedieron al cuarto donde se produjo el incendio para “tapar el hecho de que dicho sistema estuviera inutilizado y desmantelado”. Los socialistas mantienen que debe tomarse declaración a esas personas, sobre todo, para determinar si los responsables de Empresa de mantenimiento de la M-30 (EMESA) instaron a los fallecidos a entrar en el pozo. “Y ello por cuanto la empresa podría sufrir importantes penalizaciones si ese dato trascendía e incluso perder la concesión del mantenimiento de las instalaciones”, describen los socialistas.

También hacen un repaso a las pruebas solicitadas por los concejales y que no fueron aceptadas por el juzgado. Entre ellas estaban el saber desde qué fecha estaban inutilizadas los sistemas antiincendios, si estos cumplían la normativa de seguridad y los requerimientos del manual de explotación de la M-30 y por qué en algunas partes de la instrucción consta que Emesa tuvo conocimiento del incendio media hora antes de la llegada de la policía.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
SIGUE LEYENDO

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

F. Javier Barroso
Es redactor de la sección de Madrid de EL PAÍS, a la que llegó en 1994. También ha colaborado en la SER y en Onda Madrid. Ha sido tertuliano en TVE, Telemadrid y Cuatro, entre otros medios. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, está especializado en Sucesos y Tribunales. Además, es abogado y criminólogo.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_