El Tribunal de Cuentas ‘absuelve’ al Ayuntamiento por contratar abogados
Un particular denunció perjuicio para las arcas públicas al contar con una asesoría jurídica El Gobierno local adujo que está especializada en temas contenciosos, no penales
El Tribunal de Cuentas ha archivado las diligencias preliminares abiertas contra el Ayuntamiento de Madrid (Partido Popular) a partir de una información del diario El Mundo sobre un presunto mal uso de fondos públicos, al no hallar indicio alguno de irregularidad.
El pasado 22 de noviembre, ese periódico informó de que la alcaldesa, Ana Botella, había recurrido a un bufete privado de abogados para personarse como acusación particular en el 'caso Madrid Arena', añadiendo que el Ayuntamiento dispone de una asesoría jurídica compuesta por 78 personas.
Según la información del periodista, confirmada según dijo por un portavoz municipal, se contrataron los servicios del despacho del vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Rodríguez Ramos. Siempre según el citado diario, el Ayuntamiento adujo que, al tratarse de una materia penal (la supuesta responsabilidad del organizador de la fiesta de Halloween en la que murieron cinco jóvenes en el pabellón municipal Madrid Arena por un presunto exceso de aforo), el Ayuntamiento requería de asistencia especializada. El diario señaló que la asesoría jurídica municipal se encarga principalmente de materias de lo contencioso-administrativo.
El Tribunal de Cuentas abrió diligencias preliminares a principios de año, tras recibir la denuncia de un particular, Miguel Gallardo. El Ayuntamiento aportó documentación y solicitó el archivo de la causa el pasado 21 de febrero. El Ministerio Fiscal pidió también el archivo, el 19 de marzo, "al no revestir los hechos denunciados carácter de alcance". Gallardo, presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (Apedanica), solicitó que el proceso siguiera adelante.
El Tribunal de Cuentas sostiene en un auto del 1 de abril que "ni de los escritos ni de la documentación aportada por Gallardo se deduce de forma indiciaria la existencia de hechos concretos que pudieran ser constitutivos de alcance, ni la existencia de actuación ilegal alguna generadora de responsabilidad contable". "No se deduce que se haya abonado cantidad alguna que haya podido ocasionar perjuicio alguno en los fondos públicos", añade el organismo fiscalizador. Por lo tanto, decreta el archivo de las diligencias, contra el que cabe recurso.
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