Alaya avanza nuevas diligencias por la "abundante" documentación incautada

La juez define la última operación policial como "un punto y seguido”

La juez Mercedes Alaya, a la salida de los juzgados.
La juez Mercedes Alaya, a la salida de los juzgados. JULIÁN ROJAS

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha avanzado en un nuevo auto que la “abundante” documentación incautada en la reciente Operación Heracles supondrá la práctica de nuevas diligencias que ofrecerán sus frutos. El análisis de la documentación incautada en los diferentes registros por parte de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se traducirá en nuevas vías que determinen el uso supuestamente fraudulento que los “verdaderos beneficiarios” dieron a parte del fondo de los ERE. “Mucha de la documentación intervenida se encuentra en soporte informático, y es claro que del análisis de esta documentación podrán derivarse nuevas diligencias asociadas en virtud de los datos que vienen extrayendo”, establece la instructora en su último auto para prolongar el secreto de las actuaciones, dictado el pasado lunes.

La juez rechaza que la última operación policial sea “culminante” y la define como “un punto y seguido a las diligencias de averiguación” que practican los investigadores. Alaya justifica el secreto de las actuaciones porque si los imputados accedieran a conocerlas, esto “podría provocar la destrucción de indicios o fuentes de prueba por parte interesada, anulando eficacia de la acción policial y judicial”. La juez considera imprescindible prorrogar la reserva sobre las diligencias policiales después de los seis meses desde que se inició el secreto a principios del pasado noviembre.

Alaya estima que esta compleja investigación ha tenido en su última operación policial “un avance importantísimo en la instrucción, incluyendo la práctica de entradas y registros en diferentes domicilios”. El hallazgo más notable que la Guardia Civil destacó durante la operación fueron los 82.000 euros que se encontraron bajo la cama de uno de los domicilios de la familia del intermediario Juan Lanzas. Al margen de este dinero, los agentes se incautaron sobre todo de carpetas de documentos y multitud de discos duros y ordenadores que ahora deberán analizar de manera concienzuda durante los próximos meses.

La Operación Heracles, realizada en siete provincias al mismo tiempo, devino en la detención de 22 personas, de las que cuatro ingresaron en prisión. Mientras, otras nueve que ya figuraban como imputados fueron citados a declarar ante la juez, y tres de ellas ingresaron en prisión. Fueron el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que ya ingresó en la cárcel hace un año, el ex director comercial de la consultora Vitalia Antonio Albarracín, y el intermediario Juan Lanzas. La juez ha acumulado los indicios contra estas tres personas y les considera responsables del sistema que permitió el desvío de los fondos a partir de las “sobrecomisiones” que se abonaron como gastos externos. En sus autos Alaya determina que tanto Guerrero como Lanzas actuaron en connivencia para desviar fondos y que las comisiones fueran a Vitalia gracias a su intermediación. Mientras, Albarracín supuestamente negoció los porcentajes con Guerrero y pagó sus honorarios a Lanzas.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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